El Estado francés, condenado por cinco controles raciales, ha recurrido al Tribunal de apelación. Mediapart ha tenido acceso a la memoria transmitida a la Corte en la que se legitima el control de negros y árabes bajo el argumento de que son más propensos a ser extranjeros y, por lo tanto, sin papeles. Por primera vez, el Estado valida así los perfiles étnicos.
Para el Estado, ya no se trata de quitar importancia a los controles racionales, o de impugnar caso por caso su demostración. Se trata de asumir. Si, así lo explica un representante del Estado en un documento judicial que Mediapart ha podido consultar, es legítimo controlar a los negros y a los árabes si estos controles se realizan en busca de posibles infracciones de la ley de extranjería. Entonces, sería lógico detenerlos y cachearles mientras se deja marchar tranquilos a los franceses blancos no sospechosos. Esto que parece una nueva doctrina, escrita en un lenguaje técnico, señala a cada negro y a cada árabe como un potencial delincuente. Una doctrina que viola toda la jurisprudencia francesa e internacional en esta materia.