La violencia policial se ceba con los manifestantes en Francia

Resulta imposible determinar el número exacto. No obstante, los múltiples testimonios recopilados, las fotos y los vídeos documentados que circulan por las redes sociales permiten afirmar que las víctimas de heridas graves se cuentan por decenas. Baste el siguiente ejemplo: el 28 de abril en Rennes, 49 personas resultaron heridas, 10 de ellas de carácter grave, según el personal de atención desplegado aquel día. Hematomas, narices rotas, fracturas, mandíbulas dislocadas, traumatismos craneales, síntomas de asfixia, heridas abiertas, desvanecimientos... Los contrarios a la reforma laboral lo saben, protestar se ha convertido en una actividad de riesgo, es peligroso estar en las marchas hasta su disolución e imprudente « manifestarse » sin un mínimo de protección.

Habida cuenta de los jóvenes que quedarán traumatizados el resto de sus vidas, de las decenas (incluso centenares) de personas heridas o víctimas de la violencia, de los miles de manifestantes que se echan a la calle con el miedo en el cuerpo –miedo a sufrir una carga policial–, la deriva organizada hacia la violencia y la criminalización de un movimiento social debería generar un importante debate público. Debería llevar a la interpelación continua de los miembros del Ejecutivo. Debería provocar –en aras al respeto de nuestras libertades fundamentales– la movilización de los diputados y los senadores. Debería llevar a la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre las estrategias de mantenimiento del orden, sobre el funcionamiento de las cadenas de mando y sobre los detalles de las órdenes dadas.

El maestro y sindicalista Guillaume Floris evacuado por los CRS el 26 de mayo en París. © Jérôme Chobeaux

Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario. Se multiplican las señales de alerta. No pasa nada, salvo la legitimación ciega de la violencia policial por parte del Gobierno. Se producen accidentes graves. No se dice nada, salvo mostrar un apoyo incondicional a la acción de las fuerzas del orden. No hay respuesta ante las alertas emitidas por la propia institución policial, de los sindicalistas, preocupados por la extrema degradación de la situación.

¿Qué dicen los sindicatos? Que el Gobierno no ha aprendido nada de la muerte de Rémi Fraisse, el joven pacifista que falleció tras el lanzamiento de una granada ofensiva el 25 de octubre en Sivens. Desde entonces, la doctrina de mantenimiento del orden no ha cambiado, en opinión de Alexandre Langlois, secretario general del sindicato CGT-Policía. « Lo que ha cambiado, ha sido la gestión de la crisis social mediante la represión. Se favorece la escalada de la violencia. Todo lo que se hace sólo puede desencadenar problemas ». Sobre el terreno, añade, los representantes sindicales de las fuerzas de seguridad de la Policía le transmiten que se les utiliza « con fines muy ofensivos. No se trata de contener, sino de llegar al enfrentamiento ».

Philippe Cappon, del sindicato Unsa-Policía, él mismo exmiembro de las fuerzas de seguridad, insiste en la existencia de « grupúsculos extremistas muy organizados, que se mueven mucho, que nos obligan a reorganizarnos, a entrar en contacto ». Pero también destaca la falta de experiencia de las fuerzas del orden desplegadas. « La situación es terriblemente tensa y en la situación de estado de emergencia, estamos desbordados. Se les pide a los colegas que se ocupen de mantener el orden, pero ése no es su oficio. Algunos llegan a la comisaría de buena mañana y les dicen: ‘Ponte un casco, coge una porra y vete a la manifestación’. Pero a mantener el orden, se aprende. Es otro oficio ».

El Gobierno, que ignora estas preocupaciones, se aferra a otra versión, sólo a una, que le permite justificar la escalada de la violencia: los « violentos ». La palabra « violento », hace 50 años que los Gobiernos recurren a ella de forma banal para justificar sus propias vilezas. Tanto Bernard Cazeneuve como Manuel Valls dicen que han identificado a una nueva generación de « violentos ».

En su opinión, esos violentos se han « radicalizado », son adeptos a la « ultraviolencia », « quieren matar un policía », luchan « contra el Estado y los valores de la República ». Una franja extremista de un movimiento social que, además, « toma como rehén » al país mediante huelgas y bloqueos... En una Francia que vive bajo el régimen de excepción del estado de emergencia, que ha sido prolongado ya en dos ocasiones, esa manera de hablar no puede ser neutra: sólo falta hablar de « terroristas » o incluso de « yihadistas sociales » para completar la panoplia semántica de un Gobierno extremista. El jefe de la patronal, Pierre Gattaz, acaba de ir un paso más al llamar en Le Monde a reprimir a esas « minorías que se comportan en cierto modo como delincuentes, como terroristas ».