El fantasma de la retirada del proyecto de ley sobre la reforma laboral se aleja. Así se lo hizo saber el primer ministro francés Manuel Valls a los representantes de las ocho organizaciones estudiantiles a las que recibió en Matignon; la ley ha llegado ya al Parlamento, encargado de examinarla, por lo que es impensable dar marcha atrás en estos momentos. Pese a todo, el Gobierno ha decidido tender la mano a los jóvenes. Con más o menos éxito.
Hace un mes que el Gobierno tiene que hacer frente a la firme oposición de varios sindicatos de estudiantes a la reforma laboral que promueve la ministra Myriam El Khomr. Durante el mes de marzo, se sucedieron las protestas y las movilizaciones estudiantiles y, el pasado sábado, 120.000 personas se echaron a la calle para poner de manifiesto su rechazo a la reforma laboral.
Hace también 11 días que el movimiento de ocupación « ciudadana » llamado « Nuit debout » [noche de pie] se ha instalado en la Plaza de la República, en París, donde se dan cita los descontentos; la iniciativa está extendiéndose a otras ciudades de Francia. En París, la plaza fue desalojada en la mañana del lunes 11, pero los ocupantes no tardaron en regresar, horas después.
En este agitado contexto social, Manuel Valls anunciaba un paquete de medidas dirigidas específicamente a la juventud; un intento por contener el malestar y apaciguar el miedo a la precariedad, que subyace en las movilizaciones. El presidente de la República Francesa, François Hollande, aseguró que quería convertir a los jóvenes en una prioridad de su Gobierno y en similares términos se expresó el primer ministro en su reunión con las asociaciones de estudiantes: « En este país, nunca se ha hecho tanto por la juventud. Nunca un Gobierno se ha movilizado tanto para que la generación que viene tenga todos los medios a su disposición ».
Ante los periodistas, acto seguido, aseguró que el Gobierno no perseguía « acallar las protestas [...], sino responder a las profundas inquietudes ». Resulta difícil no hacer una lectura política con la mirada puesta en las presidenciales. Y es que, a un año de las elecciones, no sería bueno para François Hollande que en su balance también figure la desconfianza perenne de la juventud.
Manuel Valls y Myriam El Khomri reunidos con las organizaciones de estudiantes. © Reuters Así las cosas, el Gobierno ha lanzado un órdago y ha sacado la chequera. Porque, para poner en marcha las 11 medidas anunciadas, el Gobierno deberá desbloquear del orden de 400 a 500 millones anuales. Aunque sea a costa de renunciar a su obsesión por ahorrar para no incrementar, un poco más, el déficit (del 3,8% del PIB en 2015).
Antes de que entren en vigor las nuevas medidas, deberán recogerse como enmienda a la reforma laboral o ser integradas en la ley sobre la igualdad y la ciudadanía presentada por Patrick Kanner el miércoles 13 de abril en el Consejo de Ministros.
¿Cómo se concretan estas medidas? El importe de las becas destinadas a los jóvenes aumentará y éstas se prorrogarán cuatro meses más, periodo que corresponde, según el Gobierno, « al tiempo medio que pasa en el paro un recién diplomado en sus tres primeros años de vida laboral ». Estas ayudas al primer empleo se dirigen a los titulados –tanto de formación profesional, como licenciados o ingenieros–, en el paro. A partir del próximo curso, alrededor de 126.000 jóvenes podrán beneficiarse de las ayudas, que tendrán un coste de 130 millones, según las cifras facilitadas por Matignon.
En torno a 25.000 estudiantes, becarios de escala cero, es decir exentos del pago de la matrícula, según las promesas del primer ministro, percibirán una beca anual de 1.000 euros. El coste de la medida, que entrará en vigor a comienzos del curso 2016-2017, es de 25 millones de euros.
Estos estudiantes no son los únicos destinatarios de las ayudas del Gobierno, que prevé que las becas destinadas a alumnos de secundaria aumenten un 10% el próximo curso; según el Gobierno, las becas subirán una media de 63 euros anuales, hasta los 697 euros, una medida con un coste estimado de 28 millones. Asimismo, pensando en los estudiantes de entre 16 y 18 años que, en su día, abandonaron los estudios, y que ahora vuelvan a las aulas, se creará un sistema de becas (hasta 12.500 por importe de 1.000 euros, recibidos de una sola vez al comienzo de curso) en septiembre, y con un coste de 12,5 millones de euros.
La remuneración de algunos aprendices mejorará el próximo año. El Estado está dispuesto a desbloquear 80 millones de euros para incrementar los salarios mínimos legales de los jóvenes de 16 a 20 años; los diferentes tipos se negociarán con las organizaciones profesionales y sindicales.
Además, para facilitar el acceso al alojamiento, el Gobierno propone establecer un derecho universal a la garantía de arriendo para jóvenes de hasta 30 años. El coste de esta medida, que asciende a 100 millones al año, no lo sufragará el Estado, sino el programa de Acción alojamiento, financiado por las cotizaciones sociales. Se acelerará el acceso a la cobertura sanitaria universal para jóvenes que no tienen relación con su familia; el coste estimado de esta medida será de 15 a 20 millones de euros y beneficiará a entre 30.000 y 50.000 jóvenes.
Para propiciar que los estudiantes de formación profesional o tecnológica prosigan con su formación, el Gobierno se compromete a lanzar, a partir del próximo curso, un plan de creación de 2.000 plazas (sección de técnico superior) anuales durante cinco años. El coste de esta medida está estimada en 120 millones de euros.
Uno de las principales reclamos de las organizaciones juveniles pasaba por encarecer el coste de los contratos temporales, que representan el 87% de las primeras contrataciones. El Gobierno, para evitar que se recurra de forma abusiva a los contratos de corta duración, que son los que firman los jóvenes generalmente, ha aceptado la reivindicación, convirtiéndola en obligatoria.
El listado de medidas se completa con el establecimiento de la conocida Garantía jóvenes; esta ayuda de 460 euros, dirigida a la inserción laboral de jóvenes sin formación, se convertiría, a partir de 2017, en un derecho universal para todos los jóvenes en situación de precariedad que tienen dificultades para insertarse en la sociedad.
El Gobierno ha anunciado que « en las próximas semanas » comenzará la ronda de negociaciones con los agentes sociales, con el fin de trabajar en la « mejora de la inserción profesional de los jóvenes ».