Los privilegios de los expresidentes franceses: el informe secreto remitido al Elíseo

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En un informe confidencial remitido a François Hollande, al que ha tenido acceso Mediapart, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado de Francia cifran en 10,3 millones de euros anuales el coste de los expresidentes a las arcas públicas.

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El informe, encargado por François Hollande, fue remitido en secreto al presidente francés en el verano de 2014. En la veintena de páginas que lo conforman, el Tribunal de Cuentas calcula, por primera vez, la partida de gastos asignados a los expresidentes de la República: 10,3 millones de euros anuales (que van a parar a gastos de personal, oficinas, guardaespaldas, etc.). Dicho informe pone el acento en reducir dicha asignación por una « triple preocupación de modernización, transparencia y de control del gasto público ».

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El documento –redactado por el presidente del Tribunal de Cuentas (Didier Migaud) y por su homólogo del Consejo de Estado (Jean-Marc Sauvé) y reactualizado el pasado mes de marzo– lleva dos años en un cajón. Mediapart, con la intención de reabrir el debate, lo publica en su integralidad junto con el decreto facilitado también al Elíseo, que le permitiría aplicar la reforma sin dilación. Bastaría la rúbrica del Ejecutivo.

Entre otras medidas, este informe ultra-prudente preconiza que algunas de las prebendas pasen a ser regresivas (porque « las necesidades ligadas al cargo van siendo menores a medida que el final del mandato es más lejano en el tiempo ») y que se supriman los privilegios pensados para las viudas (una excepción muy francesa).

Hay que decir que la V República no se contenta con abonar a los expresidentes una « dotación » de 65.000 euros brutos anuales (previsto por una ley de 1955), a la que hay que añadir, de ser el caso, una indemnización 14.400 euros brutos mensuales a los miembros del Consejo Constitucional (ni Jacques Chirac ni Nicolas Sarkozy la perciben desde su salida). También conlleva una serie de beneficios adicionales previstos en una sencilla carta, datada en 1985, dirigida por Laurent Fabius (entonces primer ministro) a Valéry Giscard d'Estaing, y que fija el « estatus en la Nación de los expresidentes »: Un apartamento de función amueblado, un coche con dos chóferes, siete colaboradores, dos empleados domésticos, líneas telefónicas, viajes gratuitos en ferrocarril y avión, etc.

La legalidad de esta « decisión epistolar », que nunca se ha visto plasmada en un decreto ajustado a derecho, es discutida por todas las partes, sobre todo por la asociación Anticor, que reclama al Consejo de Estado su anulación.

Precisamente, en 1985 François Hollande solició a Didier Migaud y Jean-Marc Sauvé una evaluación de la misma, al tiempo que solicitaba la reforma de la Constitución para impedir que los expresidentes ocupasen un cargo en el Consejo Constitucional.

De entrada, este informe no tiene nada de incendiario, ya que consolida la idea de que « los recursos públicos concedidos a los exjefes del Estado son consecuencia de la dignidad de las funciones ejercidas y de las diversas cargas todavía inherentes a ellas ». Lejos de pensar en acabar con estas « medidas de apoyo » logístico, los autores aconsejan más bien reforzar su base legal con la redacción de un decreto ad hoc. Sin embargo, una vez dicho esto, abogan por « una racionalización » y una « adaptación » de los medios generosamente concedidos hace tres décadas.

« El apoyo material que reciben los expresidentes [franceses] es más elevado que el que existe en el extranjero », subrayan los autores, que han llevado a cabo un estudio comparativo en diez países (Alemania, Estados Unidos, Canadá, etc.). Y lo que es peor: « El número de vehículos y de conductores » facilitados a los expresidentes excede en ocasiones el « marco definido »...

Sugieren que estas facilidades disminuyan de forma progresiva: diez años después de abandonar el Elíseo, los expresidentes verían como el número de colaboradores –a cargo de las arcas públicas– « disminuye a la mitad ». En lugar de los siete autorizados, pasarían a ser « tres o cuatro », mientras que « los empleados domésticos » pasarían de ser dos a una persona. Hay que decir que, desde 2012, el contribuyente paga los sueldos de la « consejera diplomática » de Nicolas Sarkozy (hermanastra de Carla Bruni) y de su « asesora de prensa », incluso ahora que ha vuelto a la política activa.

Para François Hollande, el informe propone que este plazo de diez años empiece a contar al final de su mandato; de modo que habría tenido validez con los Gobiernos Giscard d'Estaing, Chirac y Sarkozy, « hasta la entrada en vigor » de la reforma –en resumen, estos últimos lograrían el « máximo » previsto en la ley durante una década más.

Asimismo, el informe preconiza que los « gastos generales, los gastos de representación y de desplazamiento » se abonen « previa justificación », para comprobar que están « vinculados a la función de expresidente ». Dichos gastos tienen un tope, « votado anualmente en la ley de presupuestos ». En cuanto a la gratuidad del transporte ferroviario, marítimo y aéreo, ha pasado a ser una prebenda « obsoleta », según los autores: « Conceder semejantes beneficios es más propio de los consejos de administración de las empresas concernidas ».

Por último, se propone terminar con las ventajas aprobadas en 1985 y pensadas para viudas o viudos de exmandatarios, a saber, un apartamento amueblado, coche con chófer, un colaborador y transporte gratuito en tren –de las que nadie se ha beneficiado hasta la fecha-.

Inicialmente, Didier Migaud y Jean-Marc Sauvé trabajaron con la hipótesis de que el jefe del Estado lograra sacar adelante la reforma del Consejo Constitucional. Conscientes de que Hollande y sus sucesores no percibirían indemnización alguna como miembros, contaban con compensar dicha « pérdida » aprobando una dotación anual de entre 65.000 y 145.000 euros (como los expresidentes norteamericanos). En este escenario, aprovechaban para introducir una norma inédita y de sentido común: cualquier expresidente que llevase a cabo una « actividad remunerada » (conferencias, honorarios como abogado, etc.) vería su dotación « reducida a la mitad ». A fin de cuentas, a falta de mayoría de los 3/5 del Parlamento, la reforma del Consejo Constitucional prometida por Hollande nunca ha visto la luz. Y, habida cuenta de la situación, Digier Migaud y Jean-Marc Sauvé optaron por el statu quou en la dotación anual: 65.000 euros ni más ni menos, con independencia de la cuantía de los ingresos paralelos conseguidos.

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Tras dos años de espera, François Hollande ¿va a publicar al final este informe? ¿Anunciará una revisión de la decisión de 1985 que le afecte a él mismo? A preguntas de Mediapart, el Elíseo responde que está a la espera de que se pronuncie el Consejo de Estado. Si el correo de Laurent Fabius es ilegal, el Elíseo no tiene más alternativa que actuar y aprobar un decreto de sustitución. « Esperemos a conocer la decisión y sus considerandos », responden personas del entorno de François Hollande, al tiempo que niegan que exista inmovilismo estos dos últimos años: « No hay malicia ninguna, fuimos nosotros los que abrimos el debate. Tratamos de hacer bien las cosas, esperamos que el contencioso en curso termine ».

En este punto, es imposible evaluar la probabilidad de que el Consejo de Estado juzgue el mecanismo de 1985 ilegal. En su solicitud de abril pasado, la ONG Anticor apuntaba a la falta de decisión en tiempo y forma y el riesgo de que las prebendas que ahora disfruta Nicolas Sarkozy vayan en contra del principio de igualdad entre los candidatos a las elecciones presidenciales de 2017. En la audiencia del 14 de septiembre, la ponente pública descartó uno a uno dichos argumentos y recomendó que se desestimase la demanda.

« Este correo de 1985 tiene carácter de acto reglamentario », dice. « Nada impide, en términos puramente formales, que se adopte un decreto recogido en forma de carta ». En lo que al resto respecta, corresponde al « juez » controlar los gastos de campaña de Nicolas Sarkozy y comprobar que no se ha beneficiado de ninguna financiación irregular o disimulada.

Por supuesto, el Consejo de Estado sigue las conclusiones del ponente público en la mayoría de los casos. En otras ocasiones, defiende lo contrario. Tal y como sucedió en junio ante el Tribunal Administrativo de París, al que acudió un ferviente defensor de la transparencia, Raymond Avrillier. En aquel momento, el fallo recogía que la decisión de 1985 era « ilegal, sin ninguna duda ». Si el tribunal ha desestimado desde entonces la demanda de Raymond Avrillier ha sido por considerar que no tenía « capacidad para actuar », sin que la cuestión se decida en el fondo. Ahora es el Consejo de Estado y, sólo él, quién se pronunciará.

No obstante, un diputado ha tomado la delantera y ha decidido llevar la iniciativa a la Asamblea Nacional. René Dosière, del PS, conoce perfectamente al asunto. Desde hace años, calcula cuál es el coste que los expresidentes le acarrean a la República, a base de dirigir preguntas a Matignon y a los Ministerios –su última estimación rondaba los 9,6 millones, próxima a los 10,3 millones que calcula el Tribunal de Cuentas–. Estos últimos meses, ha preparado una « proposición de resolución », transmitida al Grupo Socialista, donde considera « necesario clarificar y limitar los derechos y ventajas de los expresidentes de la República ».

Al tiempo que defiende que se aumente la dotación anual, reclama la supresión de la indemnización en concepto de miembro del Consejo Constitucional (también para los que tienen cargo vitalicio), la limitación a cinco años de los beneficios materiales concedidos a los expresidentes y la prohibición de que sean compatibles con « cualquier remuneración privada » (salvo « actividades intelectuales ») o con cualquier « actividad política activa ».

El diputado precisa a Mediapart que « espera la luz verde » del Grupo Socialista para presentar oficialmente su propuesta de resolución. « Me han dicho que no tardará en llegar, pero todavía no ha sido así ». Preguntado por la actitud del Elíseo, René Dosière dice: « Todo parecía resuelto hace tiempo, se iba a aplicar el informe Migaud-Sauvé. Después se produjeron dos debates internos y se han preguntado sobre la oportunidad de tomar medidas en vísperas de unas elecciones. El caso es que ha permanecido en stand by. Ahora, esperan la decisión del Consejo de Estado. Si la decisión de 1985 finalmente se anula, se verán obligados a actuar ». Queda por saber qué hará François Hollande: ¿Irá más allá del informe Migaud-Sauvé?

Versión española : Mariola Moreno, infoLibresocio editorial de Mediapart. Edición Irene Casado Sánchez.

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