Se trata de un lamentable precedente. Por primera vez en la historia de la V República francesa, dos candidatos a las elecciones presidenciales –y no se trata de dos candidatos cualquiera– tienen asuntos pendientes con la Justicia. El pasado 10 de marzo, Marine Le Pen se negaba a acudir a la citación de los jueces de instrucción de París que pretendían imputarla en el caso de los colaboradores del Frente Nacional pagados con fondos del Parlamento Europeo, igual que se había negado a presentarse ante la Policía Judicial el 22 de febrero. La candidata de la ultraderecha se amparó en la inmunidad de la que goza como diputada europea y pidió una tregua electoral, en un momento en el que ella misma, su partido y personas de su entorno son investigados por la Justicia.