El Rally Dakar al servicio de la dictadura saudí

Los 322 competidores que participan en el 43º Rally Dakar inaugurado este domingo en Yeddah -heredero del París-Dakar, que por segundo año consecutivo se ha convertido en una especie de tour automovilístico por Arabia Saudí- probablemente piensan que van a participar en una competición deportiva. Durante doce días, pueden creer que su habilidad para conducir por el desierto, su dominio de la conducción en la arena y su resistencia a la fatiga serán puestos a prueba. Pero están equivocados.

En realidad, son figurantes de una enorme operación de comunicación política diseñada para hacer olvidar al mundo la naturaleza medieval y tiránica del régimen saudí. Asesorado por varias agencias de comunicación francesas -Publicis Havas, Imagen 7 (lea aquí el artículo de Laurent Mauduit del 1 de noviembre de 2020, en francés)- el príncipe heredero Mohammed Ben Salmane, más conocido por sus iniciales MBS, que gobierna de facto el país en lugar de su padre, decidió hace dos años comprar la algarabía mediática planetaria que acompaña al rally desde su creación en 1979, con el fin de modernizar la imagen de la monarquía wahabí. 

Al inicio, se trataba, sobre todo para MBS y sus asesores de comunicación, de eclipsar el horror y la repulsión que causó entre la opinión pública internacional el asesinato en octubre de 2018 en Estambul, en condiciones abominables, del periodista saudí Jamal Khashoggi, que denunciaba en sus artículos publicados en el Washington Post el autoritarismo y la corrupción de los príncipes en el poder en Riad.

A más largo plazo, el objetivo era crear una nube mediática duradera que ocultara la verdadera naturaleza hipócrita, intolerante y violenta del régimen saudí. Una nube desde la cual MBS podría seguir ejerciendo su poder, mientras que, al mismo tiempo, impulsaba sus arreglos marginales del despotismo en vigor disfrazándolos de reformas modernistas, incluso « democráticas ».

Según un documento difundido hace un año por la Liga y la Federación Internacional de Derechos Humanos (LDH y FIDH), en vísperas del inicio del primer « Dakar saudí », el contrato establecido por 5 años entre Riad y el organizador francés del rally, Amaury Sport Organisation (ASO), ascendería a 80 millones de euros. Una inversión menor para Arabia Saudita. Un maná providencial para el grupo francés.

Pues su gigantesco rally, que se desarrolló entre 1979 y 2007 entre París y Dakar a través de Europa y África, y que luego se trasladó a América Latina debido a la inseguridad en el Sahel, parecía amenazado, incluso condenado, por la crisis económica latinoamericana. Una situación que los príncipes saudíes y sus asesores aprovecharon hábilmente ofreciendo al grupo ASO un trato difícil de rechazar: salvar el rally renovando totalmente el escenario del evento. Todo a cambio de un cheque sustancial.

Para llamar la atención de los dirigentes del ASO sobre la operación de blanqueo de imagen de la que el rally fue el instrumento y de la que se convirtieron en cómplices remunerados, la FIDH, el LDH y sus organizaciones asociadas en Arabia Saudita escribieron hace un año al presidente del grupo Jean-Etienne Amaury y al director general Yann Le Moenner, subrayando su responsabilidad en la promoción de un país « notoriamente alejado de los principios internacionales de derechos humanos ». En vano.

En diciembre de 2019, la FIDH también se dirigió a Delphine Ernotte, presidenta de France Télévisions, la emisora oficial del rally, para pedirle que « denunciara su asociación » o, al menos, que « se asegurara de que la difusión del Dakar no fuera una tribuna ofrecida al régimen saudí para restablecer su imagen y hacer que la gente olvidara sus crímenes ». También en vano.

Cuando se trata de tolerar el despotismo, el mal ejemplo viene de arriba. Del Palacio del Elíseo, donde Emmanuel Macron trata con familiaridad a tiranos y dictadores. Especialmente cuando son buenos clientes de nuestra industria de armas.

Recordó esta práctica insana otorgando la Gran Cruz de la Legión de Honor al mariscal-dictador egipcio al-Sissi a principios de diciembre. El presidente egipcio, que en febrero de 2015 adquirió 24 aviones de combate Rafale, pagados por sus amigos los monarcas petroleros del Golfo, y que gobierna su país con el apoyo del Ejército, ha multiplicado en los últimos meses las detenciones de opositores acusados de « terrorismo », los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales. Algo que no parece sorprender o molestar a Emmanuel Macron.

Recordamos también que el presidente francés tardó casi dos meses, tras el asesinato de Jamal Khashoggi, en mostrar su desaprobación decidiendo, después de Washington, Londres y Berlín, prohibir la entrada de dieciocho ciudadanos saudíes al territorio francés. En ese momento, Macron describió la decisión de Angela Merkel, que acababa de anunciar un embargo sobre las entregas de armas alemanas a Arabia Saudita, como « pura demagogia ».

Por lo tanto, es en una monarquía hereditaria despótica, regida por la sharía, pero amiga oficial de Francia, donde se celebrará el 43º Rally de Dakar. Un país donde las sentencias de muerte son banales y las ejecuciones, igualmente frecuentes. Un país que, en 2019, ha visto 180 ejecuciones capitales por decapitación con espada, crucifixión o lapidación. Es decir, en promedio, uno cada dos días.

Un país donde la libertad de expresión, de reunión y de asociación no existe. Donde la promoción de la democracia es un delito castigado con la pena de muerte, al igual que la crítica al régimen, el adulterio, la homosexualidad o el cambio de religión. Un país donde reina un verdadero apartheid sexual que impone a las mujeres ser menores de edad toda su vida, sujetas por ley a la tutela legal de los hombres. Una condición que requiere que obtengan permiso de un tutor masculino para trabajar, viajar, estudiar, casarse o acceder a la atención médica.

En este escenario de « profundos y misteriosos desiertos », como se describe en la documentación del grupo ASO, los defensores de los derechos humanos -periodistas, activistas, oponentes políticos, escritores- son tratados como enemigos del Estado. Expuestos a desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Miles de activistas en favor de la democracia y los derechos humanos están detenidos, cumpliendo penas de seis a 30 años de prisión, como víctimas de un arsenal jurídico específico, incluidas las leyes « antiterroristas » que penalizan una amplia gama de actividades cívicas pacíficas. Entre mayo y julio de 2018, varias activistas feministas que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos y, en particular, a hacer campaña en favor de los derechos de la mujer fueron detenidas y encarceladas, sometidas a torturas y violencias degradantes.

Entre ellas se encuentra Loujain al-Hathloul, una estudiante de ciencias sociales de la sede de la Sorbona en Abu Dhabi, a quien Mediapart conoció en julio de 2017. Fue la primera mujer que se presentó a unas elecciones en Arabia Saudita en 2015, y se dio a conocer en el reino, y más allá de sus fronteras, a través de su campaña pacífica a favor del derecho de la mujer a conducir libremente.

Desde su arresto, el 15 de mayo de 2018, unas semanas antes de la abolición de la ley que combatía, Loujain al-Hathloul ha sido acusada de hacer campaña en favor de los derechos de la mujer, reunirse con periodistas extranjeros, diplomáticos, miembros de organizaciones de derechos humanos y tratar de cambiar el sistema político del reino. También se le acusa de solicitar un trabajo en Naciones Unidas. Pero según su familia, el objetivo principal es evitar que reclame su parte de responsabilidad en la abolición de la prohibición de conducir. En otras palabras, evitar que se convierta en una voz reconocida y creíble en la sociedad civil saudita.

Cuando Loujain y una docena de otras militantes fueron detenidas, los periódicos saudíes al servicio del poder publicaron sus fotos con el sello de « traidora » acusándolas de « socavar la seguridad del reino ». Inicialmente llevada ante un tribunal penal ordinario, Loujain al-Hathloul fue informada el 25 de noviembre, después de tres años en prisión preventiva, de que su caso había sido trasladado al tribunal especial de actos terroristas.

Conocido por la naturaleza expeditiva y arbitraria de sus sentencias, el tribunal emitió su veredicto el 28 de diciembre. Después de 958 días de detención, Loujain al-Hathloul, declarada culpable de « diversas actividades prohibidas por la ley antiterrorista » -actividades de las que los magistrados nunca aportaron pruebas- fue condenada a cinco años y ocho meses de prisión.

Los años pasados por la joven en prisión preventiva se tendrán en cuenta en la sentencia. Dicho dictamen judicial fue completado por un período de libertad condicional de tres años durante el cual puede ser detenida a la menor infracción. Además, no podrá viajar durante cinco años.

Según su familia, podría ser liberada en dos meses... Pero el tribunal se negó a dictaminar sobre los malos tratos y la tortura -simulacros de ahogamiento, violencia sexual, descargas eléctricas, azotes- que sufrió en detención. Durante las cuatro semanas de su juicio, ninguna de las peticiones de la joven militante feminista para que se investigara su tortura y malos tratos fue aceptada.

El 25 de noviembre, en el segundo día del juicio de Lujain al-Hathlul en Riad, los diplomáticos que representaban a Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Suiza y Canadá hicieron una visita simbólica al tribunal para demostrar, si no su apoyo, al menos el interés de su país en la causa defendida por la joven.

Francia, « cuya presencia en esta delegación podría haber enviado una señal fuerte », según Amnistía Internacional, no estuvo representada. Al parecer, el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, no había dado ninguna instrucción al respecto. ¿Conocía, al menos, el nombre de esta joven saudí, que estudiaba ciencias sociales en la Sorbona de Abu Dhabi antes de ser detenida, y que no ocultaba su apego a Francia?

Su destino, en todo caso, no fue abordado durante las dos reuniones que mantuvo en enero y julio con su homólogo saudí, Faisal ben Farhan ben Abdullah Al Saud. Al menos esto es lo que indican los informes de sus entrevistas emitidos por el Quai d'Orsay. Sobre todo, se trata de no poner en peligro los futuros contratos con un país que durante diez años ha sido el tercer cliente de Francia en venta de armas y que parece estar considerando cambiar de proveedores…

Cuando el jefe de Estado y su ministro de Asuntos Exteriores se niegan a ver la realidad despótica y sangrienta de un régimen porque compra armas francesas, cuando guardan silencio ante los crímenes de un dictador que es un buen cliente, ¿cómo sorprenderse de que los organizadores, las cadenas de televisión y los competidores del Dakar saudí permanezcan a su vez ciegos ante la misma siniestra realidad?

Especialmente porque tienen toda la arena del desierto a su alrededor para esconder sus cabezas.

Versión y edición española : Irene Casado Sánchez. 

• Lire l'article en français : Le Rallye Dakar au service de la dictature saoudienne