El diabólico proyecto europeo para los solicitantes de asilo

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Mediapart ha tenido acceso a la última versión del reglamento europeo que está en curso de negociación en Bruselas. Este texto permitiría el reenvío de los solicitantes de asilo a « terceros países seguros ». La definición del concepto se amplía hasta tal punto que se podría incluir en esta categoría a países tan inestables como Libia donde ciertas regiones, por ejemplo alrededor de Trípoli, parecen retomar la normalidad.

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Durante la quinta cumbre UE-África, celebrada los días 29 y 30 de noviembre en Abidjan, en Costa de Marfil, los jefes de Estado europeos no perdieron la oportunidad para mostrar su indignación frente a las violencias que sufren los inmigrantes subsaharianos en Libia, especialmente tras la difusión del reportaje de CNN que muestra las prácticas esclavistas en el país. Pero lo que es seguro, es que no dijeron ni una sola palabra del paquete de medidas que están preparando con toda discreción en Bruselas contras los solicitantes de asilo.

Bajo el paraguas de una propuesta de la Comisión Europea, están negociando, en el seno del Consejo Europeo, los términos de un reglamento que « establece un procedimiento común en materia de protección internacional » y que constituye una absoluta negación del derecho de asilo tal y como es concebido desde la firma de la Convención de Ginebra en 1951.

Este texto (aquí se puede consultar su primera versión en francés), de aplicación directa en las legislaciones nacionales (es decir, no necesita una transposición, a diferencia de las directivas), prevé que los Estados miembros puedan considerar como « inadmisibles » las demandas de asilo de las personas que hayan transitado, antes de llegar a Europa, por « terceros países seguros » y, por lo tanto, reenviarlos con el objetivo de que este tercer país se haga cargo de su demanda de protección internacional.

Emmanuel Macron en Abidjan el 30 de noviembre de 2017. © Reuters Emmanuel Macron en Abidjan el 30 de noviembre de 2017. © Reuters

Por « terceros países seguros », hay que entender países fuera de la UE que asumen el deber de garantizar los derechos humanos. El artículo 45, que define el concepto de « terceros países seguros », subraya especialmente el hecho de que, en estos países, los « solicitantes no tienen que temer por su vida ni por su libertad en razón de su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo social particular o por sus opiniones políticas ». La totalidad de los países vecinos de la Unión Europea se encuentra potencialmente concernida. Así, Francia podría reenviar a los países del Magreb (Túnez, Argelia, Marruecos) a la inmensa mayoría de exiliados subsaharianos que habrían pasado por estos territorios antes de cruzar el mar Mediterráneo.

Pero el asunto no se queda ahí. Mediapart ha tenido acceso a la última versión (no definitiva) del artículo 45, que es particularmente alarmante dado que éste precisa que un país puede ser considerado seguro a pesar de que una o varias de sus regiones o de que una o varias categorías de personas se encuentren amenazadas. Dicho de otro modo, esta disposición establece que es posible declarar un país como seguro a pesar de que ciertas regiones estén en guerra (pero no todas) o donde ciertas categorías de personas se encuentren amenazadas (pero no todas). Ciertos observadores temen que esta ampliación de la definición permita incluir en esta categoría a países tan inestables como Libia, donde algunos de sus territorios, por ejemplo alrededor de Trípoli, han acallado el ruido de las armas.

Esta noción de « terceros países seguros » constituye una revolución en el derecho de asilo, dado que permitiría que los exiliados en búsqueda de protección fueran reenviados sin que su demanda de asilo fuese estudiada en un país de la Unión Europea. En lugar de preguntarles por las violencias políticas que provocaron su exilio, en lugar de evaluar la credibilidad de su testimonio, o de recopilar los indicios que prueban su persecución, se trataría de reconstruir su trayectoria: a lo largo de los miles de kilómetros atravesados para huir de su país, ¿pasaron por un país en el cual podrían vivir seguros? Poco importan los abusos que sufrieron (violaciones, encarcelamiento arbitrario, acoso, secuestros, tortura, etc.), la cuestión consistiría únicamente en encontrar una tierra de acogida, la más alejada posible de Europa.

Este concepto de « terceros países seguros » ya aparece inscrito en la directiva europea, conocida como « procedimiento », adoptada el 26 de junio de 2013, pero, a diferencia del reglamento que se está preparando, este texto dejaba a los Estados la facultad de decidir si ponerla o no en marcha; según Gérard Sadik, miembro de la asociación Cimade (Comité de los inter-movimientos de los evacuados - Comité inter mouvements auprès des évacués), 19 países la adoptaron, entre ellos, solo dos la aplican de facto: se trata de Hungría, que reenvía casi sistemáticamente a los demandantes de asilo que llegan a su territorio a Serbia; y Grecia, que reenvía a Turquía a los solicitantes de asilo de origen sirio y afgano.

Para ello, Grecia se apoya en el acuerdo político entre la Unión Europea y Turquía firmado en marzo de 2016. Bruselas considera este texto, contestado jurídicamente, como un éxito en la medida que, desde su adopción, el número de travesías a través del mar Egeo han descendido drásticamente (incluso si un ligero aumento ha sido constatado desde hace algunas semanas).

El nuevo reglamento en curso de negociación consiste en una generalización de este acuerdo UE-Turquía, rechazado por el conjunto de ONG y también por la ONU. Este texto pone en entredicho uno de los principios fundamentales del asilo, inscrito en la Convención de Ginebra de 1951, según el cual, cada demandante de asilo tiene derecho a que su situación personal sea estudiada en el país donde solicita su protección. En Francia, dicho principio aparece inscrito en el preámbulo de la Constitución que afirma que « todo hombre perseguido en razón de sus acciones en favor de la libertad tiene derecho de asilo sobre los territorios de la República ».

El derecho de asilo fue consagrado por el Consejo Constitucional en una decisión del 13 de agosto de 1993 que establece que « el extranjero que se declara de tal derecho (debe ser) autorizado a permanecer provisionalmente en el territorio hasta que su demanda haya sido estudiada ». Como indica Gérard Sadik, los Estados miembros favorables al concepto « terceros países seguros » se basan en la subsidiariedad de la petición de asilo, lo que permite que los Estados puedan considerar que no están obligados a examinar la demanda si la persona no llegó directamente desde su país de origen.

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