Cataluña: la vergüenza de España, el deshonor de Europa

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Uno puede estar a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Pero frente al juicio contra doce líderes independentistas, uno solo puede sentir indignación. Los acusados se enfrentan a condenas de entre siete a veinticinco años de prisión. No por actos de terrorismo o intento de golpe de Estado. Sino por haber liderado un proceso político frente a instituciones heredadas del franquismo.

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Es el primer gran proceso político organizado en la historia de la Unión Europea. Y nadie, o casi nadie, se inmuta. Espacio de libertades, de democracia, la Unión Europea acepta, sin aparentemente encontrar nada que decir, la apertura de un juicio inicuo organizado por el Estado español contra doce opositores políticos catalanes. Esta nueva abdicación europea, que tolera a una extrema derecha en el poder en Austria, una extrema derecha dirigiendo Italia, una ultraderecha nacionalista en Hungría y Polonia, es un deshonor más. A tres meses de la celebración de las elecciones europeas, este juicio, que se abre ante el Tribunal Supremo de Madrid, es una señal de alarma sobre la degeneración democrática de la Europa de los 28.

« No coaligamos Estados, unimos hombres », escribió Jean Monnet hace setenta años presentando la ambición del proyecto europeo. ¿Los Estados? Habían precipitado al continente en dos guerras mundiales y una barbarie sin precedentes. Era necesario unir a los hombres, es decir, a los ciudadanos, dotados de libertades individuales y derechos políticos garantizados: derecho de manifestación, derecho de asociación, derecho a ser candidato, a ser elegido, derecho a implementar el mandato confiado por los electores y los compromisos electorales.

Los acusados frente al Tribunal Supremo, 12 de febrero de 2019. © Captura de pantalla Los acusados frente al Tribunal Supremo, 12 de febrero de 2019. © Captura de pantalla

Son estos derechos fundamentales, base del modelo democrático europeo, los que fueron ejercidos por los acusados sentados ahora en el banquillo del juicio del ‘procés’. Son doce acusados, nueve de ellos se encuentran en prisión desde hace ya diez o quince meses. Son políticos de primera línea, como el exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras, varios ex ministros regionales catalanes, eurodiputados o la expresidenta del parlamento regional, Carme Forcadell. Son responsables de movimientos pacifistas a favor de la independencia, como Jordi Sànchez o Jordi Cuixart, entrevistado por Ludovic Lamant el mes pasado en la prisión de Lledoners.

Acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, pertenencia a una organización criminal, desobediencia a la autoridad, se enfrentan a una pena de entre siete a veinticinco años de prisión. Todas estas acusaciones pretenden calificar lo que fue un largo proceso político iniciado a finales de la década de los años 2000, salpicado por sucesivas elecciones. Este proceso condujo a un referéndum de autodeterminación, el 1 de octubre de 2017, que los líderes catalanes se comprometieron a celebrar durante su campaña electoral regional en 2015.

Aquel 1 de octubre de 2017, la violencia (casi mil heridos) estuvo ligada inicialmente a las fuerzas policiales enviadas por el Gobierno de derechas de Mariano Rajoy para impedir la celebración del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El juicio que se está llevando a cabo en Madrid ante el Tribunal Supremo no es el de los rebeldes, de los facciosos o de los golpistas. No es el de los separatistas que « reciben el apoyo de los partidos xenófobos, de personas condenadas por actos terroristas y de la extrema derecha de toda Europa », como cree saber Manuel Valls, quien desfiló el domingo 10 de febrero en Madrid junto a la derecha y la extrema derecha.

No puede ser comparado con los separatistas vascos de ETA, ni con los juicios de los miembros de Acción Directa o de la Fracción del Ejército Rojo que quisieron liquidar los Estados franceses o alemanes. Es el escandaloso juicio contra militantes políticos pacifistas que quisieron, con el apoyo de los votantes, redefinir el pacto constitucional español directamente heredado del régimen franquista.

Además, la cuestión que plantea este proceso judicial, que tiene previsto durar al menos tres meses, no es estar a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Es la del respeto o no de un cierto número de derechos políticos fundamentales. Al rechazar la extradición de Carles Puigdemont, expresidente de la región ahora en el exilio y también procesado, los jueces belgas y alemanes estimaron que sus actos no podían ser calificados como « rebelión ».

¿Hubo una incitación a la violencia, a un levantamiento, a una insurrección? Nunca. A lo largo de lo que se llamó el « procés », solo hubo un pulso político con Madrid, a veces acompañado de lo que podría ser calificado como desobediencia civil.

« Para nosotros, el diálogo y la negociación, y no el encarcelamiento y la persecución penal, deberían haber sido el camino a seguir para que los catalanes se pronuncien sobre su futuro en el Estado español y en la Unión Europea », escribe José Bové, quien junto con otros eurodiputados (del Grupo de los Verdes y de la Izquierda Unitaria Europea GUE), pide la liberación de los acusados catalanes. « La Unión Europea no puede permanecer en silencio, su libertad es nuestra libertad », dijo la eurodiputada comunista Marie-Pierre Vieu durante una conferencia de prensa, el 11 de febrero.

« La relación entre Cataluña y España se resolverá en las urnas, no en prisión », dijo Ada Colau tras los arrestos de los líderes catalanes, evocando « una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas ». La alcaldesa « indignada » de Barcelona, que no es independentista pero defiende el « derecho a decidir » de los catalanes, también se dirigió a los líderes de la Unión Europea, el sábado 9 de febrero, para expresar su « preocupación » y denunciar « una situación anormal en Europa ».

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