Financiación del terrorismo: los sospechosos 15 millones de dólares de la multinacional Lafarge

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Los jueces de instrucción de París encargados de investigar a la multinacional Lafarge por supuesta « financiación terrorista », han identificado más de 15 millones de dólares que podrían haber financiado, entre 2011 y 2015, a organizaciones terroristas en Siria (incluida el Estado Islámico) con el objetivo de mantener la actividad de una fábrica de cemento en territorio sirio. Revelaciones.

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¿Cuánto costó en realidad el pacto con el diablo de la multinacional Lafarge en Siria? Los jueces de instrucción de París que dirigen la investigación sobre « financiación terrorista » contra el líder mundial del cemento han localizado pagos sospechosos por un importe superior a 15 millones de dólares; una parte importante de este dinero financió, entre 2011 y 2015, organizaciones terroristas en Siria (incluido el Estado Islámico), con el único fin de mantener la actividad de una de sus fábricas en el país, tal y como se desprende de varios documentos a los que ha tenido acceso Mediapart.

El montante realmente percibido, directa o indirectamente, por grupos considerados terroristas por la comunidad internacional, resulta difícil de precisar con total seguridad, pero supera –ampliamente– las cifras barajadas hasta la fecha. En varios artículos publicados en la prensa se llegó a hablar de medio millón de euros. En realidad, la cifra asciende a los varios millones de dólares (o de euros), según se desprende de los datos contables recabados por la Justicia francesa y de las investigaciones internas efectuadas en Lafarge.

Bruno Lafont, exdirector general de Lafarge, investigado por « financiación del terrorismo », el 18 de febrero de 2015. © John Schults/Reuters Bruno Lafont, exdirector general de Lafarge, investigado por « financiación del terrorismo », el 18 de febrero de 2015. © John Schults/Reuters

En los últimos días, los jueces de instrucción Charlotte Bilger, Renaud Van Ruymbeke y David de Pas imputaban a varios dirigentes del grupo por « financiación terrorista ». Entre los encausados el pasado viernes 8 de diciembre, se encuentra el que fuese máximo responsable de Lafarge, Bruno Lafont. Su nombre se suma al de otros cinco dirigentes de la multinacional también imputados, entre ellos el exdirector de seguridad, Jean-Claude Veillard –quien fuera excandidato del Frente Nacional en París en las municipales de 2014–.

Pese a la gravedad de las acusaciones y de las cifras en juego, ninguno de los imputados ha sido detenido, aunque la Fiscalía de París ha solicitado el ingreso en prisión de dos de ellos. Esta clemencia judicial contrasta con la suerte que han corrido numerosos sospechosos que han caído en las redes de la Justicia por financiación del terrorismo, aunque por montantes bastante inferiores. « Los ciudadanos sufren las consecuencias de que el principio de igualdad ante la ley no sea efectivo. Está muy bien que Bruno Lafont (exdirigente de Lafarge) no haya sido detenido, pero el criterio debería aplicarse a todos por igual », señalaban este martes 12 de diciembre Marie Dosé y William Bourdon, abogada y representante, respectivamente, de la ONG Sherpa, acusación particular en el proceso judicial contra la cementera.

La suma de 15 millones de dólares que investiga la Justicia –para ser exactos, 15.348.804 dólares, es decir, más de 13 millones de euros– aparece en varios documentos de la investigación de Lafarge. El montante se recoge en el informe de la auditora PricewaterhouseCoopers (PWC), a quien la compañía contrató para determinar la amplitud de los compromisos sirios de la empresa.

El grupo Lafarge compró en 2007 una cementera en Siria que, tras numerosas obras, fue inaugurada en 2010. La fábrica se encontraba situada en Jalabiya, a 90 km de Raqqa, entonces capital del Estado Islámico. Para que la fábrica siguiese funcionando, considerada como una de las más modernas y prometedoras de Oriente Próximo, con una capacidad de producción de tres millones de toneladas de cemento al año, Lafarge se mostró dispuesto a todo. Incluido hacer negocios con los nuevos dueños de la región siria, los terroristas del Estado Islámico o de Al Nosra.

Los 15 millones de dólares investigados abarcan varios pagos diferentes, efectuados por Lafarge a zonas bajo control terrorista: pagos por abastecer de petróleo, arena o materias primas diversas (5,5 millones de dólares), pagos por garantizar la seguridad de la fábrica y el derecho de paso de sus empleados (5,3 millones de dólares) o pagos a intermediarios encargados de negociar con el Estado Islámico u otras facciones terroristas (1,6 millones de dólares).

Lafarge puso punto y final a su actividad siria en septiembre de 2014, fecha en que el EI terminó por adueñarse de la fábrica, forzando a la multinacional a cerrarla. Un año después, la organización terrorista materializaba la campaña de atentados más mortífera de la historia de Francia.

A estas alturas, nadie duda ya de los acuerdos alcanzados por Lafarge con organizaciones terroristas para proteger su negocio. La pasada primavera, dentro de la propia multinacional, vio la luz un elemento más que elocuente; el grupo Lafarge –a raíz de ser cuestionado a comienzos de 2016, primero por la página web siria Zaman al Wasl; después, en Francia, por Intelligence Online y Le Monde– contrató a los abogados Baker McKenzie para que arrojasen luz a las acusaciones de financiación del terrorismo.

La investigación, llevada a cabo con gran secretismo durante meses, recibió el nombre en clave de Proyecto Alpha. Las conclusiones fueron remitidas el 12 de abril de 2017 al consejo de administración de Lafarge, que para entonces ya se había fusionado con el gigante suizo Holcim.

Las conclusiones fueron las siguientes:

« En resumen, para garantizar la seguridad de los empleados y la continuidad de la explotación de su fábrica en el norte de Siria, Lafarge inició determinadas acciones, manteniendo informados a algunos responsables [...], o con su aval, que plantean problemas de conformidad, como se indica a continuación:

- Efectuó pagos en beneficio de un socio comercial sirio, Firas Tlass, que debía redistribuir el montante a grupos armados locales, sobre todo el EI, aproximadamente a partir de 2013; dio instrucciones a Firas Tlass para iniciar negociaciones con el EI, en nombre de Lafarge, en otoño de 2013 y durante el verano de 2014.

- Compró materias primas, incluido fuelóleo pesado, a proveedores afiliados o que se abastecían de materias primas en el EI.
- Procedió a comprar productos petroleros en Siria a partir de septiembre de 2011.
- Cerró operaciones con partes designadas por la UE y Estados Unidos.
- Efectuó transacciones en dólares relativas a Siria desde el mes de agosto de 2011. »

El principal intermediario en estos pagos ocultos, Firas Tlass, es el hijo del exministro de Defensa del régimen de Assad y hermano de un general del Ejército sirio que desertó en 2012, tras estallar la guerra. Sólo él, Firas Tlass percibió más de nueve millones de dólares de Lafarge, que utilizó en sus relaciones con los terroristas.

Firas Tlass pudo quedar detenido en octubre en los Emiratos Árabes Unidos, después de que Interpol emitiera una orden de detención, por petición de Francia, en el marco del caso Lafarge.

En su informe final, el gabinete Baker McKensie destacaba que « el examen [...] de las transacciones [...] ha demostrado que, de julio de 2012 a septiembre de 2014, Lafarge pagó alrededor de 5.384.365 dólares a Firas Tlass en concepto de donaciones a numerosas facciones armadas locales en Siria, incluido el EI ». La mayoría de estos pagos, que constituyen sólo una parte de los nueve millones de dólares percibidos por el intermediario, se realizaban en metálico para dejar el menor rastro posible.

Desfile del Estado Islámico en las calles de Raqqa, en Siria, el 30 de junio de 2014. © Reuters Desfile del Estado Islámico en las calles de Raqqa, en Siria, el 30 de junio de 2014. © Reuters

Según consta de forma inequívoca en varias actas de reuniones internas de Lafarge, ya en septiembre de 2013, varios dirigentes del grupo eran plenamente conscientes de que la explotación de la fábrica siria no podía hacerse sin negociar con grupos terroristas. « Se hace cada vez más difícil operar sin negociar directa o indirectamente con estas redes consideradas terroristas por las organizaciones internacionales y Estados Unidos », admitió entonces el director de seguridad del grupo, Jean-Claude Veillard, exmiembro de las fuerzas especiales en la Marina.

Otro dirigente de Lafarge, Christian Herrault, entonces director general adjunto de Operaciones, se confesaba el 3 de abril de 2017, sin rodeos, incluso con cierto cinismo, a los investigadores de la aduana judicial. « No hay soluciones intermedias: o nos íbamos o nos quedábamos. La extorsión de Daesh era equivalente a 500 toneladas [de cemento]... Sabiendo que teníamos tres silos de 20.000 toneladas... ¿Vamos a irnos por 500 toneladas? », trató de explicar.

A la pregunta del investigador: « ¿Pagó directa o indirectamente a grupos islamistas para permitir que sus empleados entrasen o saliesen de la fábrica? ». Christian Herrault tampoco se fue por las ramas que, según consta en su declaración, respondió: « Indirectamente, sí, pero de los grupos islámicos sólo conozco a Daesch ».

La mayoría de los abogados de los encausados, contactados por Mediapart, no han querido hacer declaraciones públicas o no han respondido a nuestras llamadas. Las líneas de defensa de unos y otros abarcan desde el « nunca tuve conocimiento de nada » al « me limité a cumplir órdenes ».

Versión española : Mariola Moreno, infoLibresocio editorial de Mediapart. Edición Irene Casado Sánchez.

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