Juncker rechaza crear un registro europeo público de sociedades creadas para evadir impuestos

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Cuarenta periodistas de investigación han reclamado al presidente de la Comisión Europea garantías para que todos los ciudadanos tengan acceso a los registros de las sociedades opacas radicadas en la Unión Europea, pero el exprimer ministro luxemburgués se ha inclinado a favor de algunos gobiernos, que se oponen a la medida.

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La carta, firmada por Jean-Claude Juncker, es cortés, pero no demasiado alentadora. En repuesta a un colectivo de periodistas, el presidente de la Comisión Europea acaba de cerrar la puerta a la creación de un registro público, de acceso libre para todo el mundo, de los trusts y de otras sociedades pantalla, que hoy por hoy facilitan mucho las cosas a todos aquellos interesados en blanquear dinero o en esconderlo al fisco.

El pasado martes 9 de diciembre, unos cuarenta periodistas de investigación, residentes en diferentes partes del mundo, hicieron un llamamiento público a la Comisión Europea en una carta enviada a su presidente, en la que solicitaban la creación de este registro público. La carta estaba firmada, entre otros, por Fabrice Arfi, redactor de Mediapart, así como por otros profesionales cuyos nombres resultarán familiares a los lectores interesados en la lucha contra el fraude fiscal, como los británicos Nicolas Shaxon (autor de un libro que versa sobre los paraísos fiscales), Simon Bowers (The Guardian) y Richard Brooks (revista Private Eye) o Édouard Perrin, del programa Cash Investigation, el primer periodista que desveló, ya en 2012, el alcance de los acuerdos secretos entre el fisco luxemburgués y las multinacionales.

Los firmantes, coordinados por el periodista especializado es estos temas Nick Mathiason y respaldados por la ONG One (cofundada por Bono, de U2), defienden su « necesidad de acceder oportunamente a las informaciones sobre el modo en que se utilizan las empresas y los trusts para poner en circulación dinero corrupto a través del sistema financiero europeo ». Este llamamiento llega en un momento en que las negociaciones europeas relacionadas con el asunto se encuentran estancadas.

En marzo, el Parlamento Europeo votó por amplia mayoría un texto que preveía la inclusión del nombre de los titulares reales de sociedades pantalla, trusts y otras fundaciones en registros públicos, centralizados por países y accesibles a cualquier ciudadano que así lo solicitase. Se trataba de un importante paso adelante, ya que en un buen número de países europeos, especialmente en Gran Bretaña, las autoridades no llevan control alguno de los trusts (con Jersey a la cabeza) y mucho menos de sus dueños, la mayoría de los cuales lo primero que buscan es ocultar su dinero.

Sin embargo, el voto del Parlamento no es vinculante. Esta proposición debe adoptarla el Consejo Europeo, integrado por los Gobiernos de los Estados miembros. Y a día de hoy es objeto de intensas negociaciones entre el Parlamento y los países miembros de la UE. Alemania, Polonia o España rechazan la medida, si bien es verdad que « la presidencia de turno italiana desea alcanzar un acuerdo a cualquier precio antes del final de su mandato, que se cumple en unos días », según denunció el pasado viernes la ONG One en un comunicado. Por tanto, Italia « presiona al Parlamento para que rebaje sus ambiciones a la baja y no haga públicos estos registros » y para que permita « a los Estados miembros restringir el acceso a los registros ». « En algunos países, estos registros serían públicos, mientras que en otros sería necesaria una autorización con la complejidad burocrática inherente a este tipo de procesos », se inquieta One.

Y precisamente Jean-Claude Juncker, en su respuesta a los periodistas de investigación que ha hecho llegar a Nick Mathiason, se inclina por esta última alternativa. Si bien señala que « la corrupción daña a la economía y a la sociedad en su conjunto » y « erosiona la confianza pública », preconiza que se alcance un acuerdo lo antes posible. De este modo, se cede a los Estados reticentes al advertir de que solo existe « la posibilidad de que accedan a los datos terceros, que demuestren un interés legítimo justificado ». Pero, ¿ qué quieren decir estas tres últimas palabras ? Misterio. No se garantiza que cualquier ciudadano puede tener acceso a esos datos, tal y como los eurodiputados habían reclamado. 

Pese a todo, se avecina el fin del secreto total de los trusts

Por tanto, la respuesta de Juncker supone una mala noticia, pero, en lo que a cuestiones de transparencia fiscal se refiere, se ve minimizada en parte por la rápida evolución de las legislaciones y de las mentalidades a la que asistimos en los últimos meses. Pese a todo, Europa va a alcanzar un acuerdo en relación con la creación de registros que recopilen todos los trusts y otras formas de sociedad pantalla. Es cierto que el acceso a estos registros quedará reservado a las administraciones fiscales, pero hasta la fecha, no existen precedentes. Por lo que, pese a todo, se trata de un auténtico avance. 

Mayor si cabe por cuanto, bajo la égida de la OCDE, un centenar de países se comprometieron hace poco más de un mes a asumir una transparencia total antes de 2018, merced al intercambio automático de información fiscal, la mejor arma conocida para luchar contra el fraude. Y, entre el mar de datos intercambiados, figurarán las identidades de los titulares reales de las cuentas a nombre de trust, fundaciones y otras sociedades pantalla similares.

Aun suponiendo que todos los Estados y la Unión Europea entren en el juego, seguirán produciéndose fallas legislativas. De este modo, los trusts o fundaciones gestionadas por una sola persona quedarán excluidas de este intercambio de datos y ya que solo concierne a datos financieros, por lo que los coches de lujo, los yates, los jets privados, así como las propiedades inmobiliarias de lujo seguirán escapando a las miradas indiscretas del fisco. 

Francia, que ha apoyado oficialmente la creación de estos registros de carácter público, es uno de los países más avanzados en la materia. La ley de diciembre de 2013 sobre fraude fiscal instauró el principio para la creación de un registro similar para aquellos trusts cuyos administradores tengan su domicilio en Francia (en la práctica son poco numerosos porque esta herramienta es habitual en el derecho anglosajón). Dichos registros deberán incluir un número importante de datos tal y como se recoge expresamente en el decreto que desarrolla la ley. El problema es que, de momento, se desconoce por completo cómo y dónde podrán consultar los registros los ciudadanos curiosos o aquellos más alerta. 

Versión española : Mariola Moreno, de la redacción de infoLibresocio editorial de Mediapart

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Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre rechazan tajantemente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esté poniendo cualquier tipo de traba a esta cuestión. Y subrayan que en ningún momento la posición española está siendo dura o de oposición a lo que adoptó en su día Parlamento en las negociaciones que se están produciendo estos días en la Comisión Europea.