Los nervios de los políticos venezolanos se ven sometidos a una dura prueba desde la celebración, el pasado 6 de diciembre de 2015, de las elecciones legislativas en la que se impuso una coalición de opositores al presidente socialista Nicolás Maduro: la MUD (Mesa de la Unidad Democrática). Cada decisión que toma el Gobierno o la Asamblea Nacional puede sumir al país en una crisis profunda. Antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, el viernes 15 de enero, para presentar el balance anual, periodistas y analistas políticos se temían lo peor: de no acudir, podría significar que no reconocía la Asamblea, que el poder quedaría dividido, el país paralizado. Nicolás Maduro sí fue. Y realizó un llamamiento a un « gran diálogo nacional », exactamente después de haber decretado, mediante su publicación en el Diario Oficial, el estado « de urgencia económica ». El decreto prevé que el Gobierno pueda echar mano a los medios de las empresas privadas y públicas (como los transportes) para garantizar a la población, que tiene que hacer frente a graves penurias, el acceso a los alimentos y a los medicamentos. La oposición, a la que el decreto pilló por sorpresa, de nuevo se ve sometida a la agenda presidencial.
Desde el 6 de enero, los poderes legislativo y ejecutivo mantienen un pulso institucional continuo. Por un lado, el Gobierno trata de ahogar los poderes de la Asamblea; por el otro, los diputados están decididos a acortar el mandato del sucesor de Hugo Chávez. Unos y otros interpretan la Constitución en su propio beneficio. Ya en su primer discurso, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, avisó: « En seis meses, a contar desde la constitución de la Asamblea Nacional, propondremos un método, un sistema, para cambiar el Gobierno por la vía constitucional. Lo haremos ».
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El conflicto político se convertía en una prioridad, por delante de las respuestas a la crisis económica. Óscar Schemel, director del instituto de sondeos Hinterlaces, próximo al Gobierno, explicaba en una entrevista televisiva, anterior a la alocución presidencial del 15 de enero, que los « venezolanos no están buscando culpables, sino consenso, diálogo, negociación y soluciones a los problemas económicos. Esa es realmente la agenda de los venezolanos ». Las horas de espera para obtener productos de primera necesidad escasos o subvencionados (mantequilla, huevos, aceite, etc.) siguen siendo parte de su día a día. El país tiene que hacer frente a un inflación muy alta (del 141,5% de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, aunque el diario El Nacional, que cita a una fuente anónima del Banco Central de Venezuela, la cifra en el 270,7% en el año 2015, mientras que las previsiones son alarmantes para 2016).
El llamamiento del Gobierno al « diálogo nacional » y el estado de urgencia económica decretado han puesto a la oposición ante un dilema. El de no aparecer como el bando que impide dar con las soluciones a la crisis, sin someterse por ello a un decreto que confirma la política económica chavista en lucha contra lo que califica de « guerra económica ». Los diputados de la MUD tienen hasta el viernes 22 de enero para decidir si la Asamblea aprueba o reprueba el decreto. De momento, se ha tomado su tiempo para debatir entre las diferentes corrientes que la conforman y ha solicitado al Gobierno algunas aclaraciones. Julio Borges, portavoz de la MUD en la Asamblea, ha asegurado que la oposición quiere que los venezolanos decidan sobre el decreto. Por lo que es probable que se celebre un referéndum.
En esta lucha, la oposición ya ha perdido algunas plumas. El Gobierno chavista se ha cuidado de adelantar a sus peones antes de que los nuevos diputados tomaran posesión: instaló un Parlamento Comunal Nacional. Este parlamento, que representa a los miembros de los consejos comunales, asambleas ciudadanas de barrio, está dirigido a reforzar una democracia más directa y al mismo tiempo competir con el trabajo legislativo del Hemiciclo. Según la ministra de Comunas, Isis Ochoa, en una entrevista concedida a la Venezolana de Televisión el 8 de enero, el Parlamento Comunal « es un instrumento que impulsa la agenda legislativa popular » y no pretende sustituir a la Asamblea. Por supuesto, la oposición no reconoce esta alta instancia del poder comunal.
Por decreto, Nicolás Maduro también se ha cuidado de retirar a la Asamblea el poder de nombrar a los miembros de la dirección del Banco Central de Venezuela, puestos clave en tiempos de crisis económica. Pero sobre todo la oposición podría verse privada de su mayoría de los dos tercios garantizada tras obtener 112 diputados de los 167 parlamentarios que componen la Cámara, mayoría que le proporciona las herramientas para reducir la duración del mandato presidencial, convocar referéndums o poner en marcha una asamblea constituyente. A finales de diciembre, la cámara electoral del Tribunal Supremo de Justicia impugnó la elección de tres diputados de la oposición y de un chavista del Estado de Amazonas (al sur del país), tras ser denunciados por la compra de votos. Pese a todo, la MUD decidió que la investidura de esos tres diputados siguiera adelante: la coalición ve en el TSJ un instrumento a sueldo de los chavistas. Resulta difícil no darle la razón. La Asamblea chavista saliente nombró in extremis, en su última sesión de finales de diciembre, 34 nuevos jueces (13 titulares y 4 suplentes).