El Gobierno portugués, atrapado por la crisis bancaria

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El nuevo presidente del banco público Caixa Geral de Depósito (CGD) –que cobra 423.000 euros anuales, un salario excepcional comparado con lo que percibe el resto de empleados públicos– se niega, lo mismo que el resto de directivos de la entidad, a facilitar al Tribunal Constitucional su declaración patrimonial, trámite obligatorio para quienes ejercen un cargo público de alto nivel. Y para justificar su rechazo –que podría suponer la destitución de los gestores de un establecimiento que pasa por grandes dificultades– se escuda en una excepción hecha a su medida por el Gobierno de Lisboa.