España: el PP, un partido encadenado a los tribunales

Por y Alicia Gutiérrez

La sentencia de 'Gürtel' abre una serie que se anticipa negra para el Partido Popular (PP): en otra pieza del caso, la de Boadilla, se arriesga a una segunda condena civil como beneficiario económico. El partido figura entre los acusados por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y entre los imputados en la 'Operación Taula' por la financiación del PP de Valencia. infoLibre, socio editorial de Mediapart en España, repasa los principales casos que planean sobre la formación política. 

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La sentencia de la pieza principal de Gürtel que, además de confirmar la existencia de la caja B, de poner en duda la credibilidad de Mariano Rajoy y de describir cómo funcionaba el « sistema de corrupción institucional », declara al PP beneficiario económico de la trama, ha provocado un terremoto que anticipa múltiples réplicas. Como en una nueva variante del mito, la piedra de la corrupción amenaza con caer desde la cima monte abajo una y otra vez sobre la formación conservadora. Los por el PP llamados « hechos del pasado » dominan hoy el presente más actual del partido en el Gobierno. 

Policías custodian la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. © infoLibre Policías custodian la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. © infoLibre

Encadenado a los tribunales por un racimo de casos que no solo no ha menguado sino que crece por días en extensión y relevancia de los involucrados, con los exministros Alberto Ruiz-Gallardón -Operación Lezo-  y Eduardo Zaplana -Operación Erial- como las más recientes incorporaciones, en el horizonte del PP se vislumbran ya varias nuevas amenazas tangibles.

Si ya antes de la demoledora sentencia del jueves al PP le aguardaban en la Audiencia nueve piezas de Gürtel -seis ya pendientes de juicio-  así como 15 de Púnica y cuatro de Lezo en instrución, más una imputación penal como partido por el caso de los ordenadores de Bárcenas en un juzgado de Madrid y otra en la Operación Taula sobre la financiación del grupo municipal del PP en Valencia, hoy tiene ante sí la que todos los observadores definen como la más amenaza más inquietante aunque todavía incierta: la que acecha tras la más que posible entrada inmediata en prisión de la mujer de Luis Bárcenas, condenada el jueves a 15 años.

¿Desempolvará su marido documentos todavía desconocidos para entregárselos a la prensa o directamente al juez de la Audiencia José de la Mata, que investiga ahora la pieza de los papeles de Bárcenas tras la reapertura desencadenada hace año y medio por la confesión de Francisco Correa? Esa, hoy, es la gran incógnita. La decisión sobre el ingreso en prisión de Rosalía Iglesias se conocerá el lunes. Tendrá la última palabra un tribunal del que no se sabe aún si formará parte el juez José Ricardo de Prada, uno de los dos magistrados cuyo voto decidió la condena al PP como beneficiario económico de la red corrupta.

Pero más allá de lo que pueda hacer el extesorero, el partido afronta un segundo peligro relacionado con el mismo apellido: el de una hipotética condena penal por haber destruido los ordenadores de Bárcenas con el presumible objetivo de eliminar la información sensible en ellos contenida. 

En el caso de los ordenadores de Bárcenas, pendiente de un juicio aún sin fecha y donde se acusa al partido del delito de daños informáticos por haber formateado 35 veces los discos duros antes de rayarlos literalmente para borrar su contenido, la Fiscalía no acusa. Pero hay tres acusaciones populares.

¿Y cómo se condena penalmente a un partido, es decir, a un ente incorpóreo que por definición no puede dormir entre rejas? Pues aplicando los artículos que tras la reforma del Código Penal de 2012 permiten actuar contra partidos y sindicatos y que prevén incluso la disolución de las organizaciones condenadas por delitos que antes sólo podían ser atribuidos a personas físicas, es decir, de carne y hueso. Hasta esa fecha y salvo en supuestos de terrorismo, un partido quedaba por definición y en la práctica exento de culpa. De culpa en el ámbito penal, no así en el civil, como recuerda la sentencia de la pieza principal de Gürtelconocida este jueves.

Una de las acusaciones populares del caso ordenadores, la que ejerce Observatori Desc, pide que el PP sea suspendido de actividad durante seis meses y quede inhabilitado por cinco años para recibir donaciones privadas. La celebración del juicio fue ordenada por una jueza de instrucción de Madrid en noviembre de 2017.

LA AMENAZA DE VALENCIA

Desde el flanco estrictamente judicial, la amenaza que se perfila más próxima no es otra que la sentencia del segundo gran juicio de la serie Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional, aquel donde 13 de los 19 acusados confesaron haber participado en la financiación ilegal del PP valenciano. Diga lo que diga esa resolución, en la memoria colectiva y, sobre todo, en las hemerotecas digitales de alcance universal ha quedado ya para siempre registrada la frase con que Ricardo Costa, que fue número dos de Francisco Camps, dinamitó el 24 de enero los últimos sacos terreros de las defensas: « Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro ».

Camps, que salió ileso de la primera y más frágil rama nacida del tronco de Gürtel, el caso de los trajes, ha vuelto a desfilar ante los juzgados. Ahora, por el caso Valmor y el agujero de 300 millones que la fallida organización de la Fórmula 1 hizo en el ya deteriorado casco del erario público valenciano.

Pero tampoco son esos los únicos peligros que arrostra el PP. Si, paradójicamente, en el caso de la recién juzgada financiación valenciana la formación conservadora no consta como partícipe a título lucrativo, sí se arriesga a ser condenada de nuevo por ese concepto en la pieza de Gürtel conocida como la de Boadilla, donde el beneficio económico que le habrían reportado los delitos se cifra en 204.000 euros. El PP figura también como responsable civil subsidiario en los papeles de Bárcenas.

EN LISTA DE ESPERA... Y DE TRIBUNAL

En la sobrecargada Audiencia Nacional permanecen en lista de espera para juicio seis de las ya citadas nueve piezas pendientes de Gürtel. Y entre ellas se cuenta la de Boadilla. Para ese juicio no hay tampoco fecha. Y no parece probable que la haya de manera inminente.

El reciente apartamiento del tercer magistrado recusado por las acusaciones -con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción- en Gürtel por su proximidad al PP, Juan Pablo González, obliga a la Audiencia a reconfigurar el tribunal. Nada menos que por tercera vez.

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