Brasil: Jair Bolsonaro o el odio a la democracia

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Jair Bolsonaro es, desde hace treinta años, un firme defensor de la dictadura militar. A las puertas de la presidencia brasileña, se ha rodeado de exgenerales y oficiales y cuenta con el apoyo de las poderosas iglesias evangélicas. Las sucesivas crisis que planean sobre el país desde 2013 han preparado su acceso al poder, lo que podría suponer el fin del paréntesis democrático abierto en 1985.

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En junio de 1993, un nuevo miembro de la Cámara de Diputados de Brasil subía a la tribuna. Tomaba la palabra Jair Bolsonaro, que fusilaba al resto de parlamentarios. « Soy partidario de la dictadura », defendió entonces. « Nunca vamos a resolver nuestros graves problemas nacionales con esta democracia irresponsable ». El exparacaidista, que se graduó en la Academia Militar en 1977, durante las peores horas de la dictadura militar que controló Brasil de 1964 a 1985, se convirtió en coronel de artillería antes de dejar el Ejército en 1988 y entrar en política. Entonces concluyó su discurso ante los diputados pidiendo la supresión del Congreso (Senado y Cámara de Diputados).

El artículo del NYT, julio de 1993. El artículo del NYT, julio de 1993.
Cuando hacía apenas ocho años que se había recuperado la democracia, duramente negociada con los militares, el discurso de Bolsonaro provocó un escándalo. El presidente de la Sala anunció su intención de retirarle su acta de diputado. Renunció unas semanas más tarde, a la vista de las innumerables reacciones de apoyo al exmilitar. James Brooke, periodista de The New York Times, conversó entonces con él. « La gente me besa y me trata como a un héroe nacional », le explicó Bolsonaro. « La gente quiere que los militares vuelvan, me preguntan: ‘¿Cuándo vuelven? », (en este enlace se puede leer el artículo, publicado en 1993).

¿Delirios de un diputado aislado en la extrema derecha del panorama político brasileño? Eso se creyó en 1993 y, posteriormente, durante 20 años. Sin embargo, salvo acontecimiento extraordinario, este hombre resultará elegido, este domingo 28 de octubre, presidente de Brasil, la gran potencia de América Latina y la octava mayor economía del mundo. Con ello, existe el riesgo de cerrar un paréntesis democrático que no se abrió hasta 1985, en un país que en un siglo sólo ha conocido veinticinco años de regímenes que pueden ser calificados como democráticos.

Porque si bien Bolsonaro, de 63 años, no ha escatimado recursos a la hora de cambiar de chaqueta en sus 27 años de carrera como diputado (admirador de Chávez antes de calificarlo de tirano, partidario del Estado antes de convertirse en ultraliberal), su figura se ha construido sobre la base del odio a la democracia y al sistema político brasileño tal como lo define la Constitución de 1988. Esta nostalgia de la dictadura, de la « ley y el orden », del poder pleno de los militares para controlar a « los comunistas », « las poblaciones indias » y « los degenerados », nunca ha desaparecido en Brasil. Peor aún, ahora la comparten grandes sectores del electorado, abrumados por la sucesión de crisis desde 2013.

« Nunca se ha emprendido la construcción de una memoria sólida de los años de la dictadura. Al contrario, se ha organizado una amnesia colectiva, sobre la base de la amnistía para asesinos y torturadores adoptada en 1979 », explicaba la historiadora Maud Chirio en una entrevista reciente. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay han hecho un trabajo ingente sobre los crímenes cometidos por los regímenes militares. Los líderes han sido juzgados, encarcelados y el pueblo ha entendido el extenso relato documentado de los años de terror.

Dilma Rousseff ante el Tribunal Militar en 1971. © DR Dilma Rousseff ante el Tribunal Militar en 1971. © DR
Nada así ha ocurrido en Brasil. ¿Se debe al hecho de que la represión fue menos mortífera que en los países vecinos? Brasil registró oficialmente 400 muertes y desapariciones durante la dictadura, frente a las 3.200 víctimas de Chile y 30.000 de Argentina. ¿O se trata del poder que mantienen los militares? Jair Bolsonaro y muchos otros, con exmilitares a la cabeza, han podido ensalzar, sin consecuencias, los años de « estabilidad, progreso y éxito » de la dictadura.

No fue hasta 2012 cuando Dilma Rousseff, que sucedió a Lula da Silva en la Presidencia, decidió crear una Comisión Nacional de la Verdad (CNV) para determinar la magnitud de los crímenes cometidos por los militares. Cuando se constituyó dicha Comisión, lloró al evocar a sus compañeros, caídos en su lucha contra la dictadura. Ella misma fue arrestada, torturada y encarcelada durante tres años. Al mismo tiempo, exmilitares y el diputado Bolsonaro retransmitían las crecientes protestas en el seno del Ejército.

Dos años después, el 10 de diciembre de 2014, el comité presentaba su informe. En él, atribuía al Estado la responsabilidad de al menos 434 muertes o desapariciones y de 20.000 torturas. Señalaba asimismo la violencia que sufrieron los campesinos y estimaba que la dictadura había causado la muerte de al menos 8.350 indígenas, víctimas de las políticas de Estado para expulsarlos de sus tierras.

En especial, el informe responsabiliza a 377 miembros del régimen, la mayoría de los cuales siguen vivos. Reconoce que la tortura y el secuestro eran políticas de Estado. « Las graves violaciones de los derechos humanos, durante los 21 años de la dictadura instaurada en 1964, fueron el resultado de la acción generalizada y sistemática del Estado, que dio lugar a crímenes de lesa humanidad ». Estas últimas palabras cambian la naturaleza jurídica de los crímenes y allanan el camino para una posible revisión de la ley de amnistía de 1979. Sin embargo, pese al informe, no se tomará ninguna medida. Y el día 31 de marzo de 1964, fecha del derrocamiento del presidente João Goulart, los militares siguen celebrando « el día de la Revolución ».

Desde la víspera de la publicación del informe, las protestas no dejaron de ir a más. Jair Bolsonaro siempre estaba en primera línea. En los medios de comunicación, elogió los « años de orden y progreso » de la dictadura. En la tribuna del Parlamento, insultó a María do Rosário, miembro del Partido de los Trabajadores y exministra de Derechos Humanos de Dilma Rousseff. La acusó de defender a « vagabundos y bandidos ». Antes de concluir: « María do Rosario, no te violo porque no te lo mereces ».

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