El éxodo sin fin de los desplazados colombianos

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Colombia es uno de los país del mundo con mayor número de desplazados internos. Las conversaciones de paz, junto con el programa emprendido por el gobierno colombiano para restituir las tierras, podrían acelerar el proceso y permitir a cientos de ciudadanos volver a sus hogares. Sin embargo, a día de hoy, los resultados son contradictorios.

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De nuestro enviado especial en Colombia.- Llegó por casualidad. A merced de los meandros de la Administración colombiana. Josué Aguirre vive en una casa de madera con techo de chapa, perdida en mitad de una de extensa pradera salpicada de arbustos, en el departamento del Meta, en el centro del país. Es oriundo de la pequeña localidad de Calamar, a 450 km al sur, en el departamento de Guaviare, próximo a la región Amazónica. Cuando apenas tenía 13 años, su vida dio un giro. Las FARC controlaban el territorio y enrolaban a jóvenes, los más desocupados. Necesitaba trabajar. Sus vecinos le daban los terrenos que él mismo se encargó de delimitar durante 15 días. Los guerrilleros empezaron a mirar al joven agricultor con malos ojos. 400 hectáreas eran demasiadas. « 60 hectáreas por cabeza, ni una más; los cultivos de coca, por los que pagaba un impuesto, no les bastaba », recuerda Josué. Recibió amenazas de muerte.

Huyó. Vivió en varios sitios antes de instalarse en el departamento del Meta, en 1998. Después de varios años de papeleos con la Administración colombiana, en 2011 le otorgaron 28 hectáreas, en esta zona, al final de una pista, a 45 minutos de la ciudad más próxima, Puerto López (30.000 habitantes): « O lo tomas o lo dejas. Haces lo que quieras », me dijeron. El terreno « pertenecía a un narco al que le expropiaron 28.000 hectáreas ». En estas tierras dedicadas a la ganadería extensiva, no crece nada. Otros han tirado la toalla. Él no desiste, se dedica a la agricultura biológica en su pequeña parcela, que limita con sendos terrenos de 1.700 y 3.000 hectáreas.

Josué, como el 12% de la población colombiana, es un desplazado, una persona que se vio obligada a migrar al interior de su propio país. En Colombia suman más de seis millones, lo que le convierte en el segundo país del mundo con mayor número de desplazados en el interior de sus fronteras, solo por detrás de Siria, según el informe publicado a principios de mayo por el Observatorio de Desplazados Internos (IDMC), una ONG noruega.

Josue Aguirre, agricultor, llegó por azar al departamento del Meta.  © Jean-Baptiste Mouttet Josue Aguirre, agricultor, llegó por azar al departamento del Meta. © Jean-Baptiste Mouttet

Andrés Celis, responsable de la unidad de protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, recuerda que « los desplazados forzosos del país cuentan con una larga tradición, de más de 20 años ». El conflicto armado entre las guerrillas y el Estado dura ya más de medio siglo. La población migra por la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de los paramilitares, de las bandas criminales e incluso por la acción del Gobierno. El último escándalo que ha provocado la huida interna de colombianos son las fumigaciones de los campos de coca, destinadas a acabar con las plantaciones ilícitas. Juan Manuel Santos, presidente colombiano, pidió su suspensión a principios de mayo.

Gracias a las negociaciones para alcanzar la paz, que se mantienen en La Habana desde hace dos años y medio, estas migraciones internas se han reducido. En 2014, « sólo » hubo 137.200 nuevos desplazados. A título comparativo, entre los años 2002 y 2005, durante el primer mandato de Álvaro Uribe (elegido en 2002 y reelegido en 2006), una media de 463.697 personas dejaron cada año su lugar habitual de residencia, según las cifras que maneja el Gobierno. Las treguas temporales y el alto el fuego unilateral de las FARC, entre diciembre y finales de mayo, explican esta reducción.

« No puedo decir que antes no era peor, pero las exacciones de los paramilitares continúan », asegura Carmen Palencia, presidenta de la asociación Tierra y Vida, que pone como ejemplo la región de la que es oriunda, Urabá. La situación geográfica de la zona, fronteriza con Panamá, con salida al mar del Caribe, favorece el tráfico de todo tipo. Cuenta que la unión de algunos empresarios bananeros, grandes terratenientes, con grupos paramilitares coaccionan a los campesinos a dejar sus tierras para quedarse con ellas.

« Aunque algunos como Raúl Hazbún fueron detenidos, otros siguen en libertad », precisa esta mujer que ha sobrevivido a cinco atentados y que, desde la asociación, acompaña a más de 200 familias en su retorno. « Las amenazas siguen existiendo, sigue habiendo heridos. Los que ocupan ilegalmente las tierras no responden ante la justicia. Grupos armados, como el ejército antirestitución, se oponen al regreso de los desplazados ». Amnistía Internacional denuncia que desde « finales de agosto de 2014, la Fiscalía General investiga al menos 35 homicidios de personas implicadas en el proceso de restitución » y hace hincapié en que el número real de asesinados es posiblemente mucho más elevado.

En un país donde, según algunas estimaciones, se han abandonado o usurpado ocho millones de hectáreas, el presidente Santos tiene como objetivo acelerar la restitución de tierras. En 2012 se dio un primer paso con la entrada en vigor de la ley sobre las víctimas y la restitución de tierras. Andrés Celis aplaude « las respuestas del Estado ». « A diferencia de otros países, como Siria, el Gobierno actualiza las estadística con las que podemos trabajar », aunque, según dice, « se podría hacer más ». Porque las restituciones cojean. La agencia encargada de la aplicación de esta ley, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), según sus propios datos, « ha proporcionado 100.000 hectáreas a unas 3.000 familias ». Insuficiente, según la ONG Amnistía Internacional.

En la agencia, un espacio abierto de varias plantas, el ambiente es tenso, algunos jóvenes colaboradores teclean en sus ordenadores. Ricardo Sabogal, el director, explica: « Hay muchos factores al margen de de la voluntad del Gobierno. Comenzamos la restitución cuando hay regiones donde el conflicto sigue abierto. No podemos actuar en estas zonas ni en las que están a la espera de ser desminadas », añade. De alcanzarse un acuerdo de paz, se liberará una parte del territorio bajo el fuego de la guerra y se permitirá un eventual regreso. Sin ninguna duda, se pondría freno a los desplazamientos forzados. El Gobierno y las FARC alcanzaron en mayo de 2013 un compromiso sobre la cuestión esencial de la « reforma rural ». Dicha reforma, que no se aplicará hasta que no se firme el acuerdo definitivo, prevé la « distribución de las tierras » y tiene como « objetivo poner remedio a las consecuencias del conflicto y compensar a las víctimas por las expoliaciones y los desplazamientos forzados ».

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