A lo largo de tres meses y desde este mismo martes 12 de febrero, las defensas de los doce líderes independentistas buscarán desmontar las acusaciones de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La gran mayoría lo hará, sin embargo, con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el escenario donde se muestran convencidos de que se desarrollará la batalla final.
Se enfrenta a cargos que pueden traducirse en 17 años de prisión. Es uno de los 12 independentistas catalanes acusados de rebelión vis-à-vis del Estado español. En una entrevista concedida a Mediapart en la prisión de Lledoners, esta figura de la sociedad civil catalana, muy crítica con la monarquía española, explica por qué quiere convertir su proceso judicial, que debería comenzar a finales de este mes de enero en Madrid, en un caso de respeto de los derechos fundamentales.
El Ejecutivo español insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron « siguiendo las instrucciones del Poder Judicial » de forma « prudente, apropiada y proporcionada » el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Humans Right Watch, Amnistía Internacional, el Consejo de Europa y Naciones Unidas censuraron los abusos policiales.
En el Partido Popular (PP) y en el Gobierno coinciden en que, pasada la fecha del referéndum sobre la independencia de Cataluña, el intento de reedición de la llamada « operación diálogo » será complicada por los asuntos pendientes con la Justicia de los promotores del 1-O. Dirigentes consultados por infoLibre, socio editorial de Mediapart, aseguran que es necesario encontrar « nuevos interlocutores » para retomar el diálogo con el ejecutivo catalán.
