La prisión de Guantánamo entra en su vigésimo año de existencia. 40 personas permanecen detenidas entre sus muros, 15 de ellas lo están desde su apertura, en 2002. El fiasco de los tribunales militares y el horror judicial construido impiden cualquier liberación y violan todos los derechos. El presidente electo, entre otros muchos congresistas demócratas, tendrá que hacer frente al Ejército y a la CIA para poner fin a este escándalo.
El jueves 23 de agosto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez devolvió a 117 migrantes que accedieron a Ceuta tras saltar el vallado fronterizo con Marruecos. El convenio aplicado, firmado en 1992, establece que las personas de terceros países que lleguen a España procedentes de Marruecos pueden ser expulsados de manera exprés tras ser identificados. Las ONG dudan de que un procedimiento tan veloz -24 horas- garantice los derechos de los migrantes, que deben ser devueltos a sus países de origen.
El Ejecutivo español insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron « siguiendo las instrucciones del Poder Judicial » de forma « prudente, apropiada y proporcionada » el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Humans Right Watch, Amnistía Internacional, el Consejo de Europa y Naciones Unidas censuraron los abusos policiales.
Cuatro años después de la adopción de la ley sobre los « agentes extranjeros », Amnistía Internacional hace balance de una reglamentación tan grotesca como surrealista, pero muy eficaz para acallar a la sociedad civil. El Ministerio ruso de Justicia ha incluido en el registro a 148 ONG, lo que va en detrimento de la reputación de estas organizaciones. De ellas, 27 han echado el cierre.
Desde que Arabia Saudí fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno ha ejecutado a más de 350 personas. Amnistía Internacional denuncia que el país árabe « utiliza el Consejo para eludir las responsabilidades de sus crímenes ».
Mientras que Francia y Marruecos firmaron en febrero un nuevo acuerdo de cooperación judicial, que aún debe aprobar el parlamento francés, Amnistía Internacional denuncia 173 casos de tortura. Entrevistada por Mediapart, la hermana de una de las víctimas, un franco-argelino actualmente en prisión en Marruecos, contradice las declaraciones que las autoridades marroquís ofrecieron a Amnistía.
