Con la máxima discreción, el BCE publicó el 18 de marzo los primeros resultados de su investigación sobre los riesgos climáticos, pidiendo al sector bancario y financiero que modifique rápidamente sus prácticas de inversión. Se avecina un éxodo financiero de miles de millones.
A diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Karlsruhe estima que la política monetaria del BCE no respeta todos los tratados y le ha dado un ultimátum de tres meses para rectificar. Esta catastrófica decisión sacude a la Unión Europea y a la zona euro, en el peor momento posible.
A su llegada al Banco Central Europeo, Christine Lagarde se fijó una nueva misión: convertir la institución en uno de los actores en la lucha contra del cambio climático. Pero, ¿confiar semejante función al organismo monetario no equivale a perpetuar el sistema financiero existente para que nada cambie?
Dejando de lado toda precaución, la autoridad bancaria europea, encargada de controlar y regular el mundo bancario, designó como presidente al español José Manuel Campa, ex responsable mundial de Relaciones con los Reguladores del Grupo Santander. En otras palabras, se trata de un lobbista. El mundo bancario continúa « saqueando » las instituciones europeas.
El ministro de Economía español ya es candidato oficial a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. El hecho de que salte directamente de un Gobierno al BCE despierta recelos en determinados sectores comunitarios que, además, querían una mujer para el cargo. Tampoco juega a su favor su pasado en Lehman Brothers.
Oficialmente, su mandato como presidente del BCE no expira hasta finales de 2019. Sin embargo, entre bastidores, ya han empezado los movimientos en torno a su sucesión. Consternados por este espectáculo demasiado habitual en Europa, economistas europeos reclaman la democratización en la toma de decisiones del organismo.
