Según un informe publicado este martes, bufetes especializados en derecho internacional están estudiando cómo las empresas perjudicadas por las medidas de emergencia decretadas por los gobiernos podrían exigir reparaciones a los Estados.
En su estrategia de conquista de las « nuevas rutas de la seda », los puertos europeos se han convertido en objetivo privilegiado de China. Desde la total toma de control del puerto ateniense del Pireo en abril de 2016, una docena de muelles europeos han visto a los operadores chinos invertir en sus dársenas.
Ante las amenazas de sanciones comerciales de su vecino del norte, México se ha visto obligado a endurece su política migratoria. Prueba de este cambio de rumbo: la dimisión del jefe de los servicios migratorios, conocido defensor de los derechos de los inmigrantes, reemplazado por el hombre que hasta ahora dirigía el sistema penitenciario.
Donald Trump ha lanzado un nuevo ultimátum a Pekín: China tiene un mes para concluir un acuerdo comercial con Estados Unidos o se enfrentará a nuevos aranceles sobre sus exportaciones. Cogido por sorpresa, el Gobierno chino amenaza con tomar represalias. Las tensiones se acumulan con la próxima campaña presidencial estadounidenses como trasfondo.
Decenas de Estados se encuentran, desde el lunes, en Ginebra para debatir un texto en el que los derechos humanos primen sobre los de las multinacionales. Mientras la sociedad civil presiona para sacar adelante el texto, Europa trata de frenar este tratado alternativo.
Melinda St. Louis es directora de campañas internacionales de Public Citizen, una organización estadounidense de defensa de los consumidores que se sitúa claramente contra la aprobación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). infoLibre, socio editorial de Mediapart, tuvo la oportunidad de conocer sus puntos de vista sobre un acuerdo que, asegura, tan sólo beneficiará « al 1% », es decir, a las élites económicas de ambos lados del Atlántico.
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