Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, se ha negado de forma reiterada a informar sobre sus ingresos. De acuerdo con los datos que constan en Hacienda, a los que ha tenido acceso el diario infoLibre, en 2013 ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.
La sociedad Corrales Nuevos Artesanos SL, creada por el marido y dos hijos de la presidenta del PP de Madrid y candidata a la alcaldía de la capital, colocó sus productos en las cafeterías del Congreso y de la Asamblea de Madrid a través del Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Este último, amigo de Aguirre desde la infancia, fue uno de los empresarios que donó dinero a Fundescam para financiar al PP madrileño.
Fernando Ramírez de Haro, marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, trabajó en 2014 como 'lobista' para la empresa Herrero y Asociados (H&A), una de las principales agencias españolas de gestión de propiedad industrial. Su tarifa: una comisión del 10% sobre la facturación lograda por H&A gracias a sus labores de cabildeo, según ha podido saber infoLibre, socio editorial de Mediapart. Parte de las empresas contactadas por el marido de Aguirre dependen directa o indirectamente de la Comunidad de Madrid o han recibido adjudicaciones de su Gobierno.
Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, no presenta desde 2007 las cuentas de la empresa Savial S.L. en el Registro Mercantil. Aguirre, que fue socia fundadora de esta empresa, asegura a preguntas de infoLibre, socio editorial de Mediapart, que ya no tiene ninguna acción: « Se las doné a mi marido en 2005 ». Sólo en los años 2012 y 2013, Savial S.L. recibió 417.914 euros en subvenciones agrícolas de la UE.
Cofely-España, la filial de la multinacional francesa GDF Suez, era la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama liderada por Francisco Granados y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas que ahora investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica.
La trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del partido popular de Madrid Francisco Granados junto a otras 50 personas firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, según ha informado la Fiscalía.
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