En pleno debate sobre la reforma constitucional, la dimisión de Christiane Taubira, sustituida por un próximo a Manuel Valls, Jean-Jacques Urvoas, firma la última contracción política de Gobierno, síntoma de la línea liberal y ‘securitaria’ defendida por el propio François Hollande.
El proyecto de ley que tiene como objetivo luchar contra el crimen organizado y simplificar el procedimiento penal sigue adelante, a pesar de incluir graves atentados contra las libertades y de desplazar a los magistrados en favor de los fiscales. Mediapart publica aquí el texto integro.
Introducir en nuestra Constitución la retirada de la nacionalidad para los binacionales nacidos franceses será un atentado contra la República, arruinando su principio de igualdad para todos los ciudadanos sin diferenciar entre su origen. Llevando a cabo este proyecto, la presidencia de Hollande y el gobierno de Valls firman su propia retirada política, la última ruptura con el pueblo de izquierdas que les eligió.
El proyecto de ley constitucional anunciado por François Hollande contará con la posibilidad de retirar la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses. Una medida pregonada desde hace mucho tiempo por el Frente Nacional y que el Partido Socialista siempre había combatido.
Los socialistas gobernarán en cinco de las 13 regiones, pero no consiguen frenar a la ultraderecha, que consigue un resultado histórico. El PS tendrá que elegir entre virar a la izquierda, dirigirse hacia la derecha o mantener el rumbo
François Hollande ha perdido. El Partido Socialista (PS) no tendrá bajo su mando más que algunas regiones. Pero el jefe de Estado se imagina en las presidenciales de 2017. Con un Frente Nacional fuerte y una derecha sin tapujos los resultados de este domingo confirman su estrategia : ser el único baluarte « republicano » frente a Marine Le Pen.
El debate sobre el estado de urgencia es una cuestión de eficacia : ¿cuál es la respuesta adecuada al desafío totalitario del Estado islámico? La escalada de seguridad es una respuesta a corto plazo, inspirada por la inmediatez política más que por la preocupación de alcanzar soluciones sostenibles. Concediendo al adversario una victoria simbólica, esta desarma a nuestra sociedad tanto como la protege, amenazando nuestras libertades individuales y los derechos colectivos.
Tanto frente a la crisis de Siria e Irak, como en lo que respecta al conflicto palestino-israelí, Francia ha subordinado sus opciones políticas a sus intereses y lealtades comerciales de otra época, golpes y alianzas sospechosas. Esta política aventurera nunca ha contado con una verdadera visión estratégica.
Francia está en guerra desde hace más de cuatro años, sin una estrategia, con pocos recursos y pobres resultados. Tener que hacer frente a fanáticos listos para inmolarse en París con la idea de matar al mayor número de personas posible no les absuelve de sus propias contradicciones.
Jean-Paul Chagnollaud, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Mediterráneo Medio Oriente y especialista en el conflicto palestino, analiza las razones de los actos violentos ocurridos en las últimas semanas en Israel y en los territorios palestinos ocupados.
Según los documentos obtenidos por WikiLeaks, más allá de los tres jefes de Estado francés, ministros, altos funcionarios, parlamentarios y diplomáticos fueron espiados durante casi una década por los servicios secretos de Estados Unidos.
El proyecto de ley de seguridad e inteligencia, que será votado el próximo 5 de mayo, instaura un sistema de vigilancia de la población, sin controles ni contrapesos eficaces. Al igual que todos los defensores de la libertad, asociaciones y profesionales afectados, autoridades administrativas implicadas, los actores de la revolución digital y Mediapart rechazan esta perversa ley. El lunes 4 de mayo, daremos cita a una jornada de movilización para oponernos a un atentado contra nuestras libertades fundamentales.
Diez días después del revés electoral de las elecciones departamentales, el Gobierno de François Hollande presenta nuevas medidas económicas para impulsar la inversión. El presidente de la República confía en la recuperación económica del país para revalidar su mandado en las presidenciales de 2017.
Ante la división existente en la Asamblea en las filas socialistas, el primer ministro francés, Manuel Valls, optó el 17 de febrero por no arriesgarse y aprobó la llamada Ley Macron por decreto, con el artículo 49.3 de la Constitución. Se trata de una de esas armas constitucionales de doble filo : permite obviar el debate parlamentario para pasar al ordeno y mando, pero también pone de manifiesto que el Gobierno carece de respaldo en la Cámara.
El caso de Piketty, el economista que renunció a la máxima distinción de Francia en protesta por las políticas de austeridad, pone al Gobierno de Hollande cara a cara con sus propias contradicciones. No es la historia de un hombre que rechaza una medalla, sino de un jefe de Estado que no es capaz de cumplir su palabra.
