El postfranquismo existe, habita en chats, en cafeterías, en sobremesas familiares y en misivas que el rey recibe y a las que no responde (que sepamos), y ese rasgo distingue al nacionalpopulismo español de otros movimientos. España es el único país en el que ser demócrata no equivale a ser antifascista. Análisis de Jesús Maraña, director de infoLibre, socio editorial de Mediapart, sobre el chat de ‘La XIX del Aire’, un grupo de mensajería integrado por altos cargos del Ejército retirados.
infoLibre, socio editorial de Mediapart en España, analiza la última versión de la Ley de Memoria presentada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El texto recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica.
El malestar nacionalista despierta en un momento en el que se demuestra que el Estado español no ha sabido solucionar sus pulsiones ni centralistas ni periféricas. Los nacionalismos generan comportamientos egoístas y excluyentes. Los nacionalismos se retroalimentan, la fiebre de uno se convierte en la alta temperatura de su rival.
Cuatro décadas después de la muerte de Franco, hoy en primera plana tras su exhumación del Valle de los Caídos, la dictadura continúa siendo objeto de controversia política y de debate público. Con memorias divididas, esos trágicos sucesos del pasado han proyectado su larga sombra sobre el presente. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, analiza el legado del franquismo.
Este mes de febrero de 2018, Francia haría bien en honrar a la Retirada, el exilio masivo de quienes, huyendo de Franco, fueron encerrados en campos de la III República y después bajo el régimen de Vichy, antes de participar en la Resistencia y en la reconstrucción del país.
Han pasado cuatro décadas desde la muerte de Franco y esa dictadura forma parte de la historia. Pero es también objeto de controversia política y de debate público. Con memorias divididas, esos trágicos sucesos del pasado han proyectado su larga sombra sobre el presente. El historiador Julián Casanova hace un repaso por las huellas del franquismo.
El Gobierno de Mariano Rajoy continúa denegando la extradición de antiguos responsables franquistas a Argentina, único país del mundo en el que se instruye el proceso contra los crímenes del franquismo. Las asociaciones de víctimas tienen puestas todas sus esperanzas en Bruselas para conseguir que España cambie de actitud.
Una revolución silenciosa ha convertido a la sociedad española en más republicana que hace unos años. Así, el espíritu que invadió el 14 de abril de 1931 se presenta ahora en forma de mareas y marchas por la dignidad. La tricolor es uno de los símbolos de la indignación.
Logró desmontar la dictadura desde dentro, dirigió el camino hacia la democracia con paso firme y rápido. Ese es el valioso capital de Adolfo Suárez, a juicio de historiadores, sociólogos y politólogos. Pero la Historia también le detecta sus fallos: no supo controlar su partido, la UCD, ni pudo desmantelar por completo el aparato franquista. Sus sombras son las sombras de la propia Transición.
La macrocausa que instruye en Buenos Aires la jueza María Servini de Cubría contra los crímenes cometidos durante la dictadura franquista acumula ya 350 querellas de víctimas, según ha explicado a infoLibre Carlos Slepoy, el abogado que impulsó la querella inicial que se investiga en Argentina.
Pablo de Greiff, relator de Naciones Unidas, critica a los jueces españoles y la Ley de Memoria Histórica, y exige al Gobierno colaboración con la causa abierta en Argentina.
El juez Baltasar Garzón no se olvida de España. Apartado de la carrera judicial por sus propios colegas, continúa incansable la lucha por hacer realidad la justicia universal, que garantice, por ejemplo, la defensa de Julian Assange. Aunque tras su fugaz incursión en política no ha vuelto a ir en las listas de ninguna formación, sigue comprometido con la izquierda. Entrevista publicada en el marco de nuestra colaboración con nuestro socio editorial La Cité, un mensual suizo.
En España hay 130 000 desaparecidos de la dictadura, muchos de ellos ya localizados o exhumados, pero la Ley de Memoria Histórica se ha quedado sin partida presupuestaria.
El Gobierno de Rajoy argumenta ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que la Ley de Amnistía de 1977 obtuvo apoyo popular cuando fue aprobada en 1977.
