Las tensiones entre Europa y Reino Unido ilustran el retorno del proteccionismo, ya que cada Estado tiene prisa por vacunar a su población. Pero las naciones son interdependientes a la hora de fabricar los sueros y, para detener la pandemia, los países pobres deben tener acceso a ellos.
Frente a las dificultades de los laboratorios para cumplir sus promesas sobre el suministro de las vacunas, algunos reclaman medidas más coercitivas, como la requisa que permite el estado de emergencia sanitaria o la concesión de licencias de oficio, que permite suspender las patentes de un medicamento.
Ahora que se cuestiona la accesibilidad a futuras vacunas y tratamientos, Gaëlle Krikorian, miembro de Médicos sin Fronteras, estima que las patentes « se conceden con extrema facilidad en la mayoría de los países », cuando « compartir el conocimiento, el saber y los datos » es realmente imprescindible.
Varios médicos de los dos consejos científicos que acompañan al Gobierno de Francia en la toma de decisiones estratégicas para tratar la Covid-19, mantienen relaciones de interés con la industria farmacéutica. Según nuestras informaciones, ciertos laboratorios han gastado en los últimos años decenas de miles de euros en estos expertos.
Más de 100 nietos de mujeres que consumieron Depakine durante su embarazo presentan graves malformaciones o problemas de neurodesarrollo, según las informaciones recopiladas por Mediapart. La asociación de víctimas Apesac pide en vano al Gobierno francés un estudio sobre los potenciales efectos transgeneracionales del medicamento.
Propecia®, un medicamento a base de finasterida contra la pérdida del cabello, provoca depresión y disfunción sexual. Según nuestra información, por primera vez, tres franceses han presentado una demanda contra el laboratorio MSD, mientras que 30.000 franceses reciben actualmente este tratamiento y las asociaciones le responsabilizan de varias decenas de suicidios en el mundo. La audiencia tendrá lugar el próximo 4 de junio.
Científicos británicos exigen la publicación de todos los documentos relacionados con el ensayo clínico de una molécula del laboratorio portugués Bial que provocó la muerte de un hombre de 49 años en Rennes. El laboratorio se opone alegando secreto comercial.
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