Palabra clave : justicia

En 2017, en Buenos Aires, retratos de desaparecidos en las puertas de la corte donde fueron juzgados los torturadores. © Marcos Brindicci/Reuters

Quince años después de la reapertura del juicio por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina (1967-1983), las organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian un proceso judicial demasiado lento y reclaman que la complicidad de ciertas empresas con la dictadura y los crímenes sexuales sean también reconocidos.

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Mediapart ha presentado una demanda contra el Estado por el intento de registro de sus locales en el marco del affaire Benalla. Pedimos al tribunal que considere que ordenando esta acción infundada, desleal y desproporcionada, el fiscal de la República de París asumió la responsabilidad del Estado, violando la protección otorgada al secreto de las fuentes periodísticas e impidiendo la misión informativa de Mediapart.

© Maria Feck / Der Spiegel

Una jueza húngara ha aprobado la extradición a Portugal del lanzador de alerta Rui Pinto, alias « John », la principal fuente de información de Football Leaks. Rui Pinto ya ha anunciado su intención de recurrir, a la espera de una segunda audiencia, permanecerá bajo arresto en Budapest.

Alexandre Benalla y Emmanuel Macron durante una visita en Orne, el 12 de abril de 2018. © Reuters

Mediapart no es una oficina de los servicios secretos, sino un periódico de información. No nos dedicamos a espiar, tampoco colocamos micrófonos clandestinos. Nos limitamos a revelar información de interés público respetando los derechos de la prensa. Así tratamos el affaire Benalla hoy, como hicimos en el pasado con los affaires Bettencourt, Sarkozy-Gadafi o Cahuzac.

El representante luso en el seno de Eurojust, donde un proceso de cooperación judicial sobre los documentos de Football Leaks acaba de comenzar, ha ocultado que su hijo trabaja en el mismo bufete de abogados que representa a varias de las personalidades concernidas por dichos documentos, como Cristiano Ronaldo. Una situación que siembra la duda sobre la imparcialidad de Portugal vis-à-vis del denunciante, Rui Pinto, detenido en Hungría a petición de la justicia portuguesa.

Rui Pinto, alias “John”, el denunciantes detrás de los « Football Leaks ». © Yann Philippin/Mediapart

Diez países, entre ellos España, se unen para poner en marcha una cooperación judicial europea sobre los documentos de Football Leaks. La iniciativa ha sido lanzada por Francia, a quien el denunciante Rui Pinto facilitó 12 millones de archivos informáticos. El siguiente paso depende de la suerte de Rui Pinto, detenido en Hungría a petición de Portugal.

Por primera vez en la historia de Mediapart, la Fiscalía de París ha tratado de registrar la redacción de nuestro periódico, el lunes 4 de febrero por la mañana, en el marco de una investigación preliminar abierta por (entre otros motivos) una presunta violación al derecho a la intimidad de Alexandre Benalla, tras la publicación de nuestra revelaciones la semana pasada. Mediapart, indignado ante esta maniobra, ha rechazado el registro en nombre de la protección de las fuentes periodísticas.

« Estos procesos representan un flagrante uso indebido de las leyes antiterroristas españolas.» © LPL

En el menú de este Mix: el recital musical del proceso político de Altsasu, un affaire que entusiasma en España y en el País Vasco, en el que el antiterrorismo sirve como instrumento para reprimir las reivindicaciones antimilitaristas. El fiscal pide 375 años de prisión para ocho jóvenes vascos, acusados de haber golpeado a dos policías.

Herbicidas, incluido el Roundup en una tienda. © Reuters

Bayer, que absorbió el pasado 7 de junio a su rival norteamericano Monsanto tras una gigantesca fusión, ha anunciado su intención de rebautizar la polémica firma. Pero la desaparición de la marca Monsanto no impide que se abran nuevos procesos judiciales, como el iniciado recientemente por una familia francesa.

Jérôme Cahuzac, el 12 de febrero de 2018, en la Corte de Apelación de París. © Reuters

Condenando a Jérôme Cahuzac con una pena de prisión modificable, contradiciendo la sentencia en primera instancia y las requisiciones de la Fiscalía, la Corte de Apelación de París ha ofrecido una escapatoria inesperada al exministro socialista: la posibilidad de evitar su entrada en prisión. En el extranjero, numerosos ejemplos demuestran que los delitos de cuello blanco se condenan con mucha más dureza.

Protesta en las calles de Valencia en contra de la sentencia de 'La Manada', 26 de abril de 2018. © infoLibre

Miles de personas protestan en toda España contra la decisión judicial de condenar a La Manada por abusos sexuales, pero no por los delitos continuados de agresión sexual. « Vergüenza », « Si no nos matan, no nos creen » o « Si no digo nada, también es violación », fueron algunas de las consignas más escuchadas en la capital. La defensa de la víctima y las críticas a la sentencia de La Manada, un grupo integrado por cinco jóvenes acusados de abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016, han logrado poner de acuerdo a la práctica totalidad de la política española. 

Un manifestante en Turquía sostiene los retratos de Rémi Ochlik y Marie Colvin en febrero de 2012 para denunciar el asesinato de periodistas por el régimen de al-Assad. © Reuters

Mediapart revela parte de la causa abierta por el bombardeo del centro de prensa de Homs, en 2012, en el que perdieron la vida dos periodistas, Marie Colvin y Rémi Ochlik. Según testigos de los hechos, existió voluntad de matar y la cadena de mando llega hasta el hermano de Bashar al-Assad.

Manifestación de Attac frente al Palacio de Justicia en París, 12 de febrero de 2018. © DR

Apple denuncia a la ONG ante los tribunales en Francia, en un intento de poner punto y final a una campaña que denuncia las prácticas de evasión fiscal del gigante tecnológico. Apple solicita que se prohíban, durante tres años, todas las acciones de protesta en las tiendas de la multinacional en el país galo.

Jean-Jacques Urvoas, cuando era ministro de Justicia, el 8 de marzo de 2016, en la Asamblea Nacional. © Reuters

Durante las últimas semanas en su cargo, Jean-Jacques Urvoas, ministro de Justicia durante la presidencia de François Hollande, transmitió información confidencial sobre una investigación policial centrada en presuntos fraudes fiscales, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, al principal sospechoso: un diputado, Thierry Solère, exmiembro del partido conservador Los Republicanos. El affaire Urvoas pone de manifiesto la falta de independencia de los fiscales franceses, sujetos estatutariamente, jerárquicamente y funcionalmente al poder ejecutivo.