El martes 26 de abril, dio comienzo en Luxemburgo el juicio contra los denunciantes y el periodista que desvelaron el escándalo Luxleaks. Tres franceses se sientan en el banquillo, acusados de robo de documentos, de divulgación de secretos comerciales y de violación del secreto profesional. Un proceso que comienza en el mismo momento en el que el país trata de cambiar su imagen y los lanzadores de alerta se sitúan en el centro de la opinión pública.
Hay que aplaudir las revelaciones publicadas por cuarenta medios de comunicación sobre los acuerdos secretos existentes entre el fisco luxemburgués y 300 multinacionales, entre ellas Apple, Ikea o el BNP, pero algunas de estas informaciones ya habían salido a la luz, sin que se armase revuelo alguno, ni tan siquiera entre los jefes de Estado europeos que terminaron por colocar a Juncker al frente de la Comisión Europea.
