El domingo 21 de agosto, se cumplieron 300 días desde la disolución de las Cortes de la X legislatura y ocho meses desde que el Gobierno está en funciones. Expertos analizan para infoLibre, socio editorial de Mediapart, cómo afecta esta situación a la marcha de la economía y a las instituciones.
La formación de un gobierno en minoría, liderado por la derecha, parece la opción más probable. Ciudadanos ha puesto sobre la mesas sus condiciones para apoyar la investidura del conservador Mariano Rajoy. Sin embargo, aún quedan muchos obstáculos por el camino para poner fin a la parálisis política.
Seis meses después de las elecciones generales de diciembre los ciudadanos vuelven a las urnas. Si se cumple lo que han prometido los cuatro partidos con capacidad de articular mayorías, no habrá unas terceras elecciones. A partir del lunes se comprobará hasta dónde llegan los vetos y las líneas rojas marcadas en campaña.
La nueva y la vieja política se han hecho convergentes en una fina línea que consiste en priorizar intereses personales o partidistas sobre los intereses de los ciudadanos. Y de eso dependerá la clave del ya cantado 26-J: quién se abstiene y quién se moviliza en estas nuevas elecciones generales.
Las posiciones ya están claras: el nuevo presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, continuará la hoja de ruta hacia la construcción de una república catalana independiente. Y el Gobierno en funciones recurrirá a todos los instrumentos legales para frenarlo. Este choque de trenes irrumpe en un escenario en el que los partidos negocian para la investidura del presidente español. La situación en Cataluña será el eje del debate.
A un día para las elecciones generales, infoLibre, socio editorial de Mediapart, repasa en cifras cómo era España cuando el PP asumió el mando y cómo es el país que deja tras cuatro años de gestión.
El primer ministro húngaro carga contra la izquierda europea en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE). « Tienen una idea muy clara: apoyan la inmigración [...] Tienen un sueño: una sociedad sin fronteras ». Entre su auditorio estaba el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cuyo equipo ha concebido estas jornadas como un reconocimiento a su liderazgo a menos de dos meses para las elecciones generales.
Se trata de un nuevo mecanismo de financiación público-privada dirigido a reactivar la economía europea. La primera emisión de bonos que contaba con la garantía del Banco Europeo de Inversiones se canalizó al proyecto Castor, el fallido almacén de gas frente a la costa mediterránea española. Tras confirmarse que las obras causaban seísmos, el proyecto quedó paralizado y serán los consumidores los que tendrán que pagar la factura de su bolsillo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en la tarde de este martes su dimisión después de que horas antes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmase la retirada del anteproyecto de ley de reforma del aborto. El jefe del Ejecutivo justificó la renuncia en la falta de consenso suficiente para sacarlo adelante.
El Gobierno español ha intentado frenar en lo posible que un juzgado ordinario viese demandas contra el exjefe del Estado, también de filiación. Hay una, de hecho, que se mantiene a flote y se discutirá el 9 de septiembre. El presunto hijo, Albert Solà, no quiere títulos ni, « en principio », dinero, pero sí podría tener acceso a la herencia de Juan Carlos si le reconociese como padre.
La número dos del PSOE, Elena Valenciano, anunció que su partido va a convocar una cumbre europea « por la libertad de las mujeres » para « europeizar » el « problema de las españolas » con la reforma que ha planteado el Gobierno del PP en materia de aborto.
Naciones Unidas exigió en septiembre a España investigar los crímenes del franquismo. Represaliados de la dictadura se movilizan para pedir memoria, justicia y reparación.
La Dirección General de los Registros y del Notariado escondió en 2001 en un «archivo de seguridad» el expediente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad, donde figura todo su historial de funcionario público de España. En los 32 años transcurridos desde que logró su primer cargo político siempre ha mantenido la titularidad de sucesivos registros.
El presidente del gobierno español aseguró en el Senado que ni él ni el Partido popular han cometido ningún delito: «Ni financiación ilegal, ni cobro de dinero en negro». No aclaró cuándo se enteró de que Luis Bárcenas ocultaba dinero en Suiza, ni por qué se le mantuvo un sueldo de 20 000 euros al mes ni mencionó el intercambio de mensajes con su extesorero.
Centenares de manifestantes han solicitado en la Puerta del Sol de Madrid la dimisión del Gobierno español y han denunciado « los movimientos que buscan la nulidad del caso Bárcenas ».
