El origen del crédito de ocho millones que recibió el grupo de ultraderecha sigue sin aclararse porque el prestamista, Laurent Foucher, era insolvente en el momento de los hechos. El empresario francés, arruinado por las deudas e investigado por blanqueo de capitales en Ginebra, está relacionado con Moscú a través de misteriosos acuerdos.
Enviada a la justicia francesa hace un mes, la investigación acusa a la candidata ultraderechista de haber malversado personalmente cerca de 140.000 euros de dinero público del Parlamento de Estrasburgo cuando era diputada. Además de Marine Le Pen, aparecen implicados otros tres ex eurodiputados, entre ellos su padre, Jean-Marie Le Pen, así como el grupo parlamentario Europa de las Naciones y las Libertades: el importe total de las cantidades reclamadas es de 617.379 euros.
El tribunal ha desestimado las sospechas de sobrefacturación de los kits de campaña, pero condena al equipo del micropartido de Marine Le Pen y a su prestatario Frédéric Chatillon por « estafa ». También condena a la formación de extrema derecha por « encubrimiento del abuso de bienes sociales ».
Los grandes partidos, de izquierdas y derechas, quieren demostrar que son los más indicados para sacar adelante el referéndum de iniciativa ciudadana que reclaman los « chalecos amarillos ». La batalla, marcada por las ambigüedades, se centra en la mejor manera de implicar más directamente a los franceses en la vida democrática.
