Francia está en guerra desde hace más de cuatro años, sin una estrategia, con pocos recursos y pobres resultados. Tener que hacer frente a fanáticos listos para inmolarse en París con la idea de matar al mayor número de personas posible no les absuelve de sus propias contradicciones.
El viernes 13 de noviembre toda una sociedad fue el objetivo del terrorismo: nuestra Francia, hecha de diversidad y pluralidad, de encuentros y mezclas. Esta es la sociedad abierta que el terrorismo querría cerrar, silenciar por el miedo.
Tres periodistas de Mediapart y dos del semanal Le Point comparecerán esta semana en Burdeos por « violación de la intimidad de la vida privada », tras la revelación de las grabaciones clandestinas que dieron origen al affaire Bettencourt. Este proceso judicial pone entre las cuerdas al derecho de información. En ningún momento Mediapart ha sido acusado de difamación en el transcurso del caso Bettencourt.
El francés Jean-Luc Mélenchon, el italiano Stefano Fassina, los griegos Zoe Konstantopoulou y Yanis Varoufakis, junto al alemán Oskar Lafontaine, unen sus fuerzas para organizar una cumbre internacional capaz de gestar una alternativa a la política comunitaria. Esta conferencia podría tener lugar el próximo mes de noviembre.
Mientras Francia se niega a poner en marcha medidas a la atura de la magnitud de la crisis de refugiados, Alemania, donde la derecha y la izquierda apuestan por una activa pedagogía política, reivindica acoger a cientos de miles de personas.
El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la "fortaleza Europa" como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un "peligro mortal": las "avalanchas" de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.
El martes 30 de junio, Atenas no reembolsó los 1,6 mil millones de euros que debe al FMI. Se trata del primer impago en la historia de la Unión Europea. Sin embargo, los líderes europeos continuán apostando por el si para lograr el respaldo a sus propuestas en el referéndum del domingo. Esta vez, su error podría ser fatal.
Ante la división existente en la Asamblea en las filas socialistas, el primer ministro francés, Manuel Valls, optó el 17 de febrero por no arriesgarse y aprobó la llamada Ley Macron por decreto, con el artículo 49.3 de la Constitución. Se trata de una de esas armas constitucionales de doble filo : permite obviar el debate parlamentario para pasar al ordeno y mando, pero también pone de manifiesto que el Gobierno carece de respaldo en la Cámara.
Los atentados de enero nos obligan a pasar a la acción. No a las políticas del miedo, partidarias de que entremos en guerra, sino a las políticas de la igualdad, democráticas y sociales que, por sí solas, podrán hacer remitir la necrosis de la esperanza de la que se nutre la guerra de las identidades.
Las demandas de los manifestantes eran múltiples pero tienen un objetivo común : elevar el debate público. Ahora la responsabilidad recae en manos del Gobierno y todo ello pese a que, desde 2012, tanto François Hollande como Manuel Valls han hecho oídos sordos a las reclamaciones del pueblo francés.
