El desafío de la 'ley olímpica' y los entresijos de este derecho de excepción

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A cambio de celebrar los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional (COI) fija condiciones legislativas excepcionales que los Estados deben cumplir sin condiciones. Algunas voces denuncian que estas modificaciones legislativas están pensadas por y para los patrocinadores.

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Después de varios intentos fallidos y de un suspense más que relativo, el pasado miércoles se conocía la decisión: París acogerá los Juegos Olímpicos de 2024. El comité organizador bien pudo celebrar la noticia en Lima porque, a su regreso a Francia, deberá centrarse en la redacción de la ley olímpica y paralímpica.

La delegación francesa en julio en Lausanne. © Pierre Albouy / Reuters La delegación francesa en julio en Lausanne. © Pierre Albouy / Reuters

Este mecanismo legislativo, aspecto poco conocido de los Juegos Olímpicos, no es ni más ni menos que una « ley de excepción », en palabras del experto en los Juegos Olímpicos Patrick Clastres. « Suspende, en un espacio y momento dados, la ley ordinaria. La adoptan los Parlamentos nacionales y tiene como objetivo garantizar la seguridad del acontecimiento olímpico. Finalmente, los Estados ceden parte de sus poderes a una institución exterior », en este caso el Comité Olímpico Internacional (COI). Efectivamente, en la candidatura de París, figura la ley olímpica y paralímpica. En concreto, « prevé algunas adaptaciones jurídicas para acelerar o simplificar los procedimientos administrativos vigentes, sobre todo aquellos relativos a los requisitos aduaneros y de visados para la Familia olímpica y paralímpica; a la obtención de autorización de trabajo a largo plazo; al fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual; a la posibilidad del Gobierno de decidir mediante decreto las modificaciones legislativas consideradas indispensables para acoger los Juegos; a una utilización ampliada del dominio público para permitir el acceso libre a determinados lugares para los Juegos ». El perímetro es grande, la definición algo más difusa.

Cécile Chaussard, profesora de Derecho Público de la Universidad de Borgoña y miembro del laboratorio de Derecho del Deporte, explica los entresijos de esta famosa ley olímpica y paralímpica. « A cambio de los JJ.OO., el COI fija sus condiciones. El comité olímpico efectivamente tiene contratos con patrocinadores, exclusividades con disposiciones particulares y si el derecho estatal no permite que el contrato se aplique, el Estado tendrá que modificar la legislación ». Simple y llanamente. Porque si los países se niegan, la organización de los Juegos se esfuma. Tal es así que, en ocasiones, se adelantan las exigencias del COI para hacer la candidatura más atractiva. De este modo, la exoneración fiscal votada en 2014 de cara a la Eurocopa 2016 y que dispensa a « los organismos encargados de la organización en Francia de una competición deportiva internacional » del pago de cualquier impuesto, aparte del IVA, por todas las operaciones comerciales vinculadas a la competición, afecta a todas « las competiciones cuya acogida se anuncie antes del 31 de diciembre de 2017 ». Por lo que están incluidos los JJ.OO. de París 2024.

Patrocinadores todopoderosos

« Evidentemente, estas exigencias no están escritas específicamente, pero todo eso forma parte de las negociaciones », precisa Cécile Chaussard. En el artículo 33 de la Carta Olímpica, puede leerse que « las autoridades públicas y el CNO [Comité Nacional Olímpico] deben garantizar que los Juegos Olímpicos se organizarán conforme a la satisfacción del COI y a las condiciones exigidas por éste ». Ahí también se ha mantenido la ambigüedad. Pero « eso forma parte del contrato que firma la ciudad candidata », recuerda Patrick Clastres.

Las sospechas de los investigadores especialistas se ciernen principalmente sobre los patrocinadores, verdaderos amos del Olimpo. En los Juegos coexisten tres niveles de patrocinio: los acuerdos establecidos entre las marcas y el Comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (COJO, entidad privada con fines no lucrativos encargada de los JJOO de París 2024, por ejemplo), los alcanzados con el Comité Nacional Olímpico y, por último, los del programa TOP. TOP, de las siglas The Olympic Partners, « el patrocinio olímpico al más alto nivel, [que] da a los patrocinadores derechos mundiales de marketing para los juegos de invierno, los juegos de verano y los juegos olímpicos de la juventud », según el COI. Este programa, en vigor desde 1980, fue creado por Dick Pound, el artífice del giro comercial de los Juegos. Entre los patrocinadores de lujo se encuentran Coca-Cola, Visa, Samsung, Omega, Panasonic, el portal chino de venta en línea Alibaba o Procter & Gamble, entre otros.

« La ley olímpica y paralímpica evidentemente está pensada para la tranquilidad de los patrocinadores olímpicos, es decir, para garantizar la utilización financiera de los JJ.OO. El COI se financia gracias a estos patrocinadores », sentencia Patrick Clastres. En 2012, un informe del Senado francés recogía las lecciones que debían extraerse de los Juegos de Londres. Destaca, sobre todo, en el párrafo titulado « Las extrañas reglas económicas de los Juegos Olímpicos », que « las reglas de protección de las marcadas fijadas por el COI son claramente excesivas. Valgan como ejemplo que, en todo el recinto olímpico (recintos deportivos, centros de prensa), sólo se podía sacar dinero o pagar las consumiciones con una tarjeta Visa, pero ¡no se podía utilizar ni Mastercard ni American Express! Además, para proteger a Mc Donald’s, ningún puesto podía vender patatas fritas, salvo Fish & Chips, sólo acompañadas de pescado... [...] Se prohibió a los atletas que hablaran en las redes sociales o en internet de productos no comercializados por un patrocinador oficial. [...] Londres también estableció una zona de inclusión de marcas en torno a los principales recintos olímpicos, donde las publicidades de las marcas no patrocinadoras estaban prohibidas ».

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