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El Gobierno de Dina Boluarte lanza una ofensiva contra los jueces en un país con cuatro expresidentes corruptos

En octubre de 2024, el ex presidente peruano Alejandro Toledo fue condenado a 20 años de cárcel, corrompido por el grupo constructor brasileño Odebrecht. Una contraofensiva del gobierno contra la judicatura y las leyes anticorrupción podría comprometer futuros juicios contra tramas político empresariales.

Karl Laske y La Redacción de infoLibre

Alejandro Toledo, de 78 años, se hunde en su silla y mira con mala cara al fiscal anticorrupción. “Podemos afirmar que Alejandro Toledo pidió 35 millones de dólares a cambio de adjudicar el contrato de la [autopista] Interoceánica Sur a la empresa Odebrecht”, resumía el fiscal José Domingo Pérez, de unos cuarenta años, pelo blanco, frente al ex presidente el 15 de octubre. “¿He pedido yo algo a alguien?”, exclamó de pronto Alejandro Toledo, con voz ronca, interrumpiendo la acusación transmitida en directo. El presidente llama la atención al acusado, que cede con un lento movimiento de cabeza.

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