Las audiencias sobre la extradición de Julian Assange se reanudan en Londres

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A partir de este lunes 7 de septiembre, el fundador de WikiLeaks comparecerá ante el Tribunal Penal Central de Londres que decidirá sobre su extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de prisión por espionaje. La estrategia de EEUU ante los tribunales británicos pasa por demostrar que el acusado no solo era receptor de documentos protegidos, sino que también ayudó a piratearlos.

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En el recinto del Old Bailey, como se conoce al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, se reanudaba este lunes las audiencias sobre la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, acusado de « espionaje ».

Assange lleva casi seis meses esperando la reanudación del juicio recluido en una celda en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Durante la primera semana de audiencias, que tuvo lugar a finales de febrero, los fiscales estadounidenses esbozaron su estrategia centrada en negar la condición de periodista de Assange y en presentar a WikiLeaks como una organización de hackers que puso en peligro la vida de soldados estadounidenses.

Esta segunda ronda de audiencias, que durará entre tres y cuatro semanas, comenzará con un nuevo arresto del fundador y exeditor de WikiLeaks. Se trata de una cuestión meramente procesal  y tiene por objeto notificar a Julian Assange una nueva versión de la solicitud de extradición, con nuevos elementos.

Dichos elementos no fueron presentados hasta el 13 de agosto, provocando la ira de los abogados defensores. No añaden ningún cargo nuevo, ya que Julian Assange se sigue enfrentando a 175 años de cárcel, en particular por la violación del Espionage Act. Pero contribuyen a alimentar la tesis de la fiscalía que sostiene que WikiLeaks no era sólo un receptor de documentos protegidos, sino que ayudó a piratearlos, recurriendo incluso a hackers.

En una audiencia judicial celebrada el 14 de agosto, la magistrada británica Vanessa Barrister se negó a desestimar la nueva solicitud de extradición, tal como habían solicitado los abogados de la defensa. La pertinencia de los nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Estados Unidos, la mayoría de los cuales ya se conocían, se examinará durante las audiencias ante el Tribunal Penal Central.

La magistrada también anunció que examinará « una serie de cuestiones relativas al abuso de procedimiento » presentadas « por la defensa ». Desde el arresto de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, el 11 de abril de 2019, sus abogados han denunciado múltiples violaciones de los derechos de la defensa y de las condiciones de detención de su cliente.

El fundador de WikiLeaks, por ejemplo, tiene acceso limitado a su equipo jurídico, al que no ha visto en seis meses, y se queja de que no tiene los documentos y materiales necesarios para preparar su defensa. « Participo en este procedimiento como si estuviera viendo Wimbledon », manifestó en una de sus escasas declaraciones en las audiencias de febrero.

La salud de Assange, así como su estado físico y mental, también preocupan. A principios de noviembre de 2019, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, lanzó una alerta en la que afirmaba que su « continua exposición a tratos arbitrarios y abusos podría costarle la vida ». Desde entonces, el estado de salud del antiguo editor de WikiLeaks parece haberse deteriorado aún más. El lunes 1 de junio, no pudo asistir a una audiencia procesal debido a « problemas respiratorios ». Y, en la audiencia del 14 de agosto, el juez Barrister informó de un informe psiquiátrico que mostraba un deterioro de la salud mental de Julian Assange en las últimas semanas.

Este lunes, a las 8 de la mañana, hora de comienzo del juicio, representantes de Reporteros sin Fronteras tenían previsto dirigirse a Downing Street, la sede del Gobierno británico, para presentar una petición firmada por más de 80.000 personas reclamando que se retiren los cargos contra Julian Assange.

Dado que el acceso a la sala del tribunal se ha restringido a causa de la epidemia de Covid-19, las actuaciones se transmitirán por un sistema de videoconferencia limitado a ciertos « observadores ».

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El golpe inesperado de la justicia estadounidense 

El lunes 7 de septiembre se retoma la vista oral para tratar de la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, y comenzará con una nueva detención del fundador de WikiLeaks. Esta detención es puramente procedimental, obligatoria para notificarle la nueva demanda de extradición presentada a última hora por la justicia estadounidense, a la que se opone fuertemente la defensa.

Los nuevos elementos añadidos al acta de acusación fueron ya presentados a finales del pasado junio, pero han sido incorporados al expediente de extradición el día anterior a la última audiencia administrativa, que tuvo lugar por videoconferencia el 14 de agosto. « Pensamos que es sorprendente y posiblemente abusivo, un abuso de conducta, añadir nuevos elementos a última hora tratando de alargar el proceso cuando hemos estado un año preparándolo », ha declarado durante la vista Florence Iveson, una de las abogadas de Julian Assange, según informa la web Computer Weekly.

Desde su detención, el 11 de abril de 2019, es la segunda vez que la justicia estadounidense modifica sustancialmente el acta de acusación en la que se basa la demanda de extradición que debe examinar la justicia británica. Cuando le arrestaron, a las puertas de la Embajada de Ecuador en Londres, los hechos imputados por la justicia estadounidense se limitaban a una « conspiración para cometer una intrusión informática », un delito menor castigado con cinco años de prisión.

A pesar de la relativa importancia de la pena en que podía incurrir, esta primera demanda de extradición perfilaba ya la estrategia americana: negar la calidad de periodista de Julian Assange y presentarle como un hacker y así no poder acogerse a la primera enmienda de la Constitución estadounidense sobre la libertad de expresión. En este caso, la fiscalía americana afirma que el redactor jefe de WikiLeaks no se contentaba con recopilar los documentos entregados por Chelsea Manning, sino que le pedía que consiguiera más y trató de ayudarle en la tarea.

Un dibujo de Julian Assange durante una audiencia en octubre de 2019. © Reuters/Julia Quenzler/Handout Un dibujo de Julian Assange durante una audiencia en octubre de 2019. © Reuters/Julia Quenzler/Handout

Los hechos que alega el acta de acusación se sitúan entre el 2 y el 10 de marzo de 2010. En ese periodo, Chelsea Manning entregó a WikiLeaks « cientos de miles de archivos que había descargado de los departamentos y agencias de Estados Unidos ». Entre esos documentos figuran los relativos a actividades militares estadounidenses en Iraq y en Afganistán, que fueron portada en medios de comunicación del mundo entero durante meses.

En varias conversaciones online que los investigadores han podido consultar, Julian Assange habría incitado a la lanzadora de alerta Manning para ir aún más lejos. En primer lugar, le habría propuesto que le ayudase a descifrar una contraseña para conectarse a una red segura y acceder así a nuevas informaciones. Según el acta de acusación, Chelsea Manning le entregó la contraseña pero Assange no consiguió descifrarla. En otra conversación, el redactor jefe de WikiLeaks respondió a Chelsea Manning, cuando le dijo que ya no tenía más documentos que entregarle: « Según mi experiencia, los ojos curiosos nunca están secos ».

En mayo de 2019, Estados Unidos hizo pública una nueva versión del acta de acusación que contenía diecisiete cargos suplementarios, entre ellos la violación de la Espionnage Act, por la que Assange se enfrenta esta vez a 170 años de cárcel. Los procuradores estadounidenses acusan ahora a WikiLeaks de haber publicado una parte de los cables diplomáticos entregados por Chelsea Manning sin censurar los nombres de ciertas personas, entre ellas informadores iraquís del ejército EEUU. Esa publicación habría supuesto « un grave e inminente riesgo » para la vida de varias personas.

La nueva acta de acusación presenta también a WikiLeaks como una organización que ha violado las reglas deontológicas del periodismo. Habría, en efecto, « solicitado explícitamente » a las fuentes para pedirles más documentos clasificados. La fiscalía acusa a WikiLeaks, entre otros, de colgar en 2009 en su web una página titulada « The Most Wanted Leaks of 2009 » (las filtraciones más buscadas de 2009), en la que los internautas podían pedir que se publicaran los documentos secretos que quisieran. Los fiscales estadounidenses presentan esta lista como un llamamiento al pirateo lanzado por WikiLeaks y acusan igualmente a Julian Assange y a otros miembros de la organización de haber incitado, en conferencias, a los participantes a enviarles documentos, refiriéndose explícitamente a la página The Most Wanted Leaks.

La tercera acta de acusación, presentada a finales de junio y enviada a la justicia británica el 13 de agosto, no añade nuevos cargos pero ahonda en la idea de que WikiLeaks habría encargado pirateos. El acta se refiere constantemente a la página The Most Wanted Leaks, que el documento cita al menos catorce veces.

Sin embargo, como subraya la asociación americana de defensa de las libertades digitales Electronic Frontier Foundation (EFF), esta lista no ha sido confeccionada por el equipo de WikiLeaks, sino por internautas que podían modificar libremente la página a través de un dispositivo parecido al de Wikipedia. Así pues, se trataba más de una especie de encuesta que de una solicitud, como trata de presentar la justicia estadounidense.

« Aunque hoy interesa al Gobierno describir a WikiLeaks como una banda de hackers dirigida por Assange », escribe la EFF, « la página The Most Wanted Leaks encarna una de las características más importantes de WikiLeaks: como editor, sirve al interés público ». Y añade la EFF, « con la página The Most Wanted Leaks se ha ofrecido a la gente una plataforma para expresarse anónimamente sobre documentos que pensaban que profundizarían la comprensión del público ».

La principal aportación de la nueva acta de acusación se refiere a los vínculos establecidos durante cierto tiempo entre WikiLeaks y algunos hackers salidos del movimiento Anonymous y del colectivo LulzSec. En este punto, una vez más, los fiscales no aportan prácticamente ningún elemento nuevo y se contentan con retomar informaciones ya públicas extraídas de otros procesos. Por ejemplo, el documento explica que el vínculo entre WikiLeaks y esos grupos se establecía por medio de una persona conocida simplemente como « el adolescente », que trabajaba con Julian Assange encargado del chat de la organización. Éste habría entrado en contacto con « Laurelai », una hacker cercana al movimiento Anonymous. « El adolescente » se habría presentado como el « encargado de reclutamiento » y, en una conversación online, habría dicho que « yo estoy bajo la autoridad de Julian Assange y le rindo cuentas a él y sólo a él ».

Ese misterioso empleado de WikiLeaks no puede ser otro que Sigurdur Thordarson, alias Siggi. Este islandés entró en la organización como voluntario en 2010, con 17 años y, según el acta de acusación, estaba encargado del chat. Pero lo que no precisa el documento es que, a partir de 2011, fue informador del FBI y padecía trastorno de personalidad. Durante meses les tuvo al corriente de las actividades de WikiLeaks, servicios por los que le pagaron 5.000 dólares. Fue expulsado de la organización en noviembre de 2011 por haber utilizado en su beneficio el nombre de WikiLeaks al poner en marcha una web de venta de camisetas. También es sospechoso de haber usurpado la identidad de Julian Assange durante conversaciones online. Más tarde fue condenado varias veces, entre otros cargos por haber mantenido relaciones sexuales con menores, y en uno de sus procesamientos fue descrito por un psiquiatra como un « sociópata ».

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