Una prensa libre en una República

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Para Javier Valenzuela, editor de tintaLibre, la revista mensual de infoLibre, la dimisión del ministro de Hacienda francés Jérôme Cahuzac demuestra que la democracia francesa es más rápida que otras en la puesta en marcha de cortafuegos contra la corrupción y el mal gobierno. Y el affaire Cahuzac que mientras haya una prensa libre, no hay garantía de impunidad.

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Ninguna democracia es perfecta, ciertamente. Todas son manifiestamente mejorables, incluso en nuestro mundo occidental que se precia de ser la cuna de este modo de organización de la vida pública. Dicho esto, permítanme añadir que también es correcto afirmar que algunas democracias son menos imperfectas que otras. Por ejemplo, la democracia francesa es menos imperfecta que la española.

Acabo de escribir esto y ya creo escuchar el grito airado del patrioterismo y la francofobia. Aunque también percibo que ese grito es menos fornido que en los años en que Aznar, poniendo las botas encima de la mesa del presidente norteamericano, se jactaba de que España era la potencia emergente de una supuesta «nueva Europa», siendo Francia la patética cabeza de la «vieja». Un batacazo político, económico, social y moral de tamaño tan espeluznante como el español ha puesto en su sitio ciertas altanerías de comienzos del siglo XXI.

No me ciega mi admiración por la República Francesa cuando afirmo que, con la dimisión de su ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, nuestro vecino del Norte acaba de demostrar que su democracia, aunque más vieja que la nuestra, o tal vez por eso, es más rápida y contundente en la puesta en marcha de antídotos y cortafuegos contra la corrupción y el mal gobierno.

Veamos: Cahuzac ha presentado su dimisión al presidente Hollande, y este se la ha aceptado sin paliativos, apenas horas después de que la Fiscalía anunciara la apertura de una investigación sobre su supuesta vinculación con una cuenta bancaria no declarada en Suiza y, por tanto, la posible comisión de delitos de blanqueo y fraude fiscal. Aquí, ya lo sabemos, el implicado y sus correligionarios habrían respondido a algo semejante con aquello de la «presunción de inocencia», el «¿y si luego resulta absuelto?» y, por supuesto, aquello de «los del partido contrario son aún peores».

Centenares de políticos españoles siguen cobrando de los contribuyentes pese a estar implicados, de uno u otro modo, en investigaciones y procesos judiciales. Les importa un pepino que el César no sólo deba ser honrado, sino también parecerlo. A ellos sólo les van a sacar del cargo esposados por la Guardia Civil.