Affaire Macron-Benalla: en respuesta a nuestros detractores

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Mediapart no es una oficina de los servicios secretos, sino un periódico de información. No nos dedicamos a espiar, tampoco colocamos micrófonos clandestinos. Nos limitamos a revelar información de interés público respetando los derechos de la prensa. Así tratamos el affaire Benalla hoy, como hicimos en el pasado con los affaires Bettencourt, Sarkozy-Gadafi o Cahuzac.

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He aquí pues un asunto de Estado.

Pone en entredicho a la presidencia de la República y al jefe de Estado, a través de uno de sus colaboradores más cercanos, encargado de su seguridad personal. Revela la protección excepcional acordada por el aparato estatal, en su nivel más elevado, a este sombrío personaje a pesar de su imputación judicial, por actos de violencia voluntaria.

El affaire acumula episodios tan asombrosos como enigmáticos, dignos de una telenovela: desde el privilegio de los pasaportes diplomáticos, pasando por un continuo contacto personal con el presidente, sin olvidar su irracional gusto por las armas de fuego, por no mencionar la insolente impunidad mostrada por el propio interesado. Está adornado con mentiras proferidas bajo juramento ante una comisión de investigación parlamentaria, con encuentros entre acusados violando así su control judicial, con chanchullos para borrar pruebas e impedir el buen funcionamiento de la justicia.

Finalmente, y sobre todo, revela las posibles maniobras de una potencia extranjera en el seno del poder presidencial, en este caso se trata de Rusia a través de un oligarca devoto del presidente Putin. Un contrato de seguridad privada por un montante potencial de 1,2 millones de euros, de los cuales 300.000 se pagaron en la primera cuota, fue negociado por iniciativa de Alexandre Benalla, mientras ocupaba su cargo en el Elíseo, disfrutando del estatus de hombre de confianza, en la sombra, del presidente de la República. 

En su mayor parte, tras las primeras revelaciones de Le Monde el 18 de julio de 2018, Mediapart ha conseguido ensamblar este rompecabezas aún incompleto, dado que el paisaje improbable que bosqueja guarda aún su secreto. La severidad del reciente informe del Senado se basa, en particular, en las últimas tres revelaciones de nuestra investigación: el sulfuroso contrato ruso, los misteriosos pasaportes diplomáticos y el ilícito encuentro de dos imputados. Sin el trabajo de Mediapart, los magistrados, la policía y los senadores no habrían sabido nada, y la opinión pública todavía menos.

Alexandre Benalla y Emmanuel Macron durante una visita en Orne, el 12 de abril de 2018. © Reuters Alexandre Benalla y Emmanuel Macron durante una visita en Orne, el 12 de abril de 2018. © Reuters

No hay nada de lo que alardear, más bien habría que alarmarse ante la debilidad de los otros contrapoderes frente al poder presidencial. Sin embargo, para aquellos que se molestan por el mensaje transmitido por nuestras informaciones, ya que puede obstaculizar sus pequeños affaires y revelar sus grandes secretos, no hay nada más urgente que arremeter contra el mensajero. Estamos acostumbrados, aunque la costumbre no evite el agotamiento. Cada vez que Mediapart revela un asunto de dimensión nacional, diversos protagonistas del debate público persisten en ilustrar este proverbio chino: « Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo.»

Sin rebajarnos a calificarlos, simplemente nos conformaremos con decir que miran hacia otra parte cuando les mostramos nuestra información. En el caso de Bettencourt, ya nos acusaron de ser una oficina con métodos fascistas, era el año 2010. En el dossier del financiamiento libio del clan Sarkozy, nos tacharon de defraudadores difundiendo noticias falsas, era el año 2012. Con la cuenta suiza del ministro Cahuzac, no éramos más que embusteros desprovistos de pruebas, era el año 2013. Todo, excepto periodistas.

Hoy, en el affaire Macron-Benalla, nos hemos convertido en un abanico de opciones: en la Stasi de la difunta RDA, en « estalinistas », « collabos –colaboracionistas- » o « indics –informantes- », « blanqueadores de información sucia », especialistas en sistemas de grabaciones clandestinas, una agencia de inteligencia o aprendices de espías. Todo, de nuevo, excepto periodistas.

Tan infames como son, estas acusaciones darán que hablar, como lo hicieron las anteriores. Se convierte, a veces, en una larga batalla que siempre afrontamos con la fe más elemental, la convicción de ser fieles a nuestra profesión, en cuanto a sus exigencias metodológicas y a sus desafíos democráticos. Porque somos periodistas, solo periodistas, escrupulosamente respetuosos vis-à-vis del código de ruta, profesional y deontológico, constituido por la jurisprudencia de la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa.

En el affaire Bettencourt, con una absolución general y definitiva en 2017, la justicia francesa reconoció la legitimidad del trabajo de Mediapart al revelar las grabaciones del mayordomo, afirmando la necesidad tanto pública (revelar información de interés general, incluyendo delitos financieros graves, especialmente delitos fiscales) como privada (proteger a Liliane Bettencourt de quienes abusaron de su debilidad para aprovecharse de su inmensa riqueza) de visibilizar y denunciar dichos hechos. Mientras tanto, muchos de los asuntos así revelados han dado lugar a multas fiscales y sanciones penales. 

En el affaire Sarkozy-Gadafi, en una sentencia del 30 de enero, el Tribunal de Casación confirmó que el documento libio revelado por Mediapart en 2012 no era un documento falso ni factualmente incorrecto, dejándonos libres de toda sospecha de falsificación o fraude, términos utilizados por quien fuera presidente de la República para desautorizar nuestras revelaciones. De ahora en adelante, ya no podrá esconderse detrás del expediente judicial en el que aparece imputado por tres cargos diferentes, especialmente por soborno pasivo; y cuando la extradición a la justicia francesa del intermediario Alexandre Djouhri acaba de ser aprobada por la justicia británica.

Finalmente, en el affaire Cahuzac, después de casi tres meses de investigación preliminar, provocada por nuestra crítica pública dirigida al fiscal de París ante la inercia del poder ejecutivo, que continuaba protegiendo a su ministro de Economía; la integridad y la veracidad del documento sonoro publicado por Mediapart fueron confirmadas, lo que condujo, el 19 de marzo de 2013, a la apertura de una información judicial que dio como resultado el reconocimiento de hechos de fraude y evasión fiscal por parte del principal interesado.

Ocurre exactamente lo mismo con el affaire Macron-Benalla. Reveladas el 31 de enero, las conversaciones entre Alexandre Benalla y Vincent Crase sirven como pretexto para una nueva ofensiva lanzada por nuestros detractores, poniendo en duda el interés público que recae sobre dichas grabaciones. Ningún punto de su contenido afecta a la privacidad de nadie cuando, sin embargo, todo lo divulgado ha sido tenido en cuenta por la justicia para actuar, suspendiendo durante una semana el control judicial de los dos protagonistas, y abriendo una nueva investigación preliminar por obstrucción a la verdad.

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