Un atentado contra nuestras libertades fundamentales está en marcha. Sus autores son aquellos que nos gobiernan, todos sentados alrededor de su autor principal, el primer ministro, hasta incluso el responsable de proteger nuestros derechos y libertades, el ministro de Justicia, cuyo silencio no es más que aprobación. Sus cómplices son aquellos que nos representan, derecha e izquierda confundidas, ansiosas, con raras y valientes excepciones, para aprobar este crimen oficial, e incluso agravarlo por su afán legislativo.
Los retoques estéticos no cambiarán nada: esta ley impone una sociedad bajo vigilancia. Aprovechando el potencial técnico de la revolución digital y las oportunidades políticas que ofrece la sensación de seguridad, esta ley autoriza al Estado más profundo, a la parte más oscura del poder ejecutivo que, protegido por el secreto de defensa, no tiene rostro y nunca rinde cuentas, a espiar a todos y cada uno, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Con la aprobación de esta ley, en Francia el Estado policial prevalecerá sobre el Estado de derecho. Los poderes fácticos podrán poner a los ciudadanos y su entorno bajo vigilancia sin restricciones sólidas, sin controles independientes y sin autorización judicial. La sospecha sustituirá a la evidencia. Las opiniones se convertirán en delitos. Las frecuentaciones serán sinónimo de culpabilidad. La curiosidad será un peligro. Las diferencias o desacuerdos con la ideología dominante o las políticas oficiales serán potencialmente criminales.
Basta con leer el informe aprobado de manera unánime por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), para convencerse (leer aquí en Mediapart). No hay que dejarse intimidar por su extensión ni por sus términos jurídicos, para escuchar la alarma que se esconde detrás de su lenguaje cauteloso. Este estudio convierte en hojarasca la vulgata gubernamental. Según la cual, este proyecto de ley daría, por fin, un marco legal a las actividades ocultas de los servicios de inteligencia y, además, introduciría un sistema de control efectivo de estas mismas actividades.
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Sin embargo, el CNCDH subraya que el modo en el que ha surgido este proyecto pone en duda todas sus virtudes. El informe señala que la ley pasó por el Consejo de Ministros « a penas dos meses » después de los atentados terroristas del pasado enero y « sólo algunos días antes de las elecciones cantonales, por lo que la campaña ha estado marcada por el populismo y el extremismo ». Además, fue elaborada algunos meses después de la entrada en vigor de una enésima ley antiterrorista, « consecutiva al asunto Nemmouche », precedida por otras dos recientes leyes antiterroristas, « estas consecutivas al caso Merah ».
Mientras que el desempleo, la precariedad, la inseguridad social y las injusticias económicas, el mal vivir y el malestar, son relegados a un segundo plano de nuestra vida pública, sin urgencia ni prioridad para nuestros gobernantes, más de 25 leyes relativas a la seguridad nacional han sido adoptadas en apenas 15 años, entre 1999 y 2014. Lamentando « esta proliferación de textos legislativos fruto de la oportunidad política y lejos de un trabajo legislativo bien reflexionado », la CNCDH « recuerda la importancia de una política penal y de seguridad sopesada, coherente, estable y legible, cuya calidad no dependa de su grado de reactividad frente a los hechos y las circunstancias del momento ».
Resultado del procedimiento acelerado impuesto por el Gobierno, « la prisa » parece indispensable para sacar adelante este proyecto de ley, recuerda la CNCDH que mantiene « su firme oposición » frente a esta táctica. Ninguna urgencia real justifica este proceso apresurado. Se trata de un arma de poder, una manera de silenciar a la oposición, de atar en corto las protestas, de obstaculizar el funcionamiento normal del parlamento y restringir « de manera considerable el tiempo de reflexión y maduración necesario en un debate democrático ».
Este proceso arbitrario desvela la intención de sus promotores: jugar con la la emoción para imponer la regresión. El poder ejecutivo reclama un cheque en blanco para el Estado profundo, la vigilancia y la policía, sin competencia ni balance general, sin crítica ni autocrítica. Ningún debate previo, ninguna encuesta parlamentaria, ningún discurso contradictorio para evaluar los recientes fiascos de los servicios al cargo de la lucha antiterrorista. El propio itinerario de Merah, de Koulibali o de los hermanos Kouachi justificarían tal debate, pues revelan las fisuras del sistema de supervisión y vigilancia.
Peor aún, la CNCDH señala la « pobreza » del estudio de impacto que acompaña al proyecto de ley, su brevedad, su pobre redacción, su forma de proceder « por mera afirmación y eximiendo toda referencia documental ». Pues esta ley no es solo un mal golpe, también es de mala calidad, mal redactada, imprecisa o incompleta. No es azar, esta vaguead esconde, evidentemente, mil lobos: es una manera de escapar de la extrema exigencia y precisión que acompaña a todas las medidas encaminadas a violar el derecho al secreto privado y familiar, un truco para no ceder a la estricta supervisión de un poder de control que, siempre, conlleva el riesgo de la arbitrariedad.
En conclusión, apela a « las enmiendas del Gobierno y del Parlamento que permiten reforzar las garantías de las libertades civiles y los derechos fundamentales ». La CNCDH no se conforma con esta crítica, además pide la retirada o la suspensión de esta legislación intrusiva que pone en peligro nuestros derechos fundamentales, que no respeta la vida privada y familiar, que amenaza nuestra libertad de opinión, de expresión y de información, nuestro derecho a saber y comunicar.
En definitiva, se trata de un proyecto de « vigilancia masiva », explica la CNCDH, que autoriza la recopilación generalizada de información y su conservación durante un largo periodo de tiempo, información recogida de nuestros ordenadores, nuestros teléfonos, nuestras tablets, todos los instrumentos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Varios puntos del informe aseguran que este proyecto de ley supone « una flagrante violación del artículo 8 » de la Convención Europea de Derechos Humanos que concierne al « derecho al respeto de la vida privada y familiar ».
« El riesgo de un ‘Estado panóptico’ debe tomarse en serio », añade, dicho de otro modo, un Estado que maneja a su libre disposición herramientas tecnológicas que le dan acceso total a la vida privada de los individuos, sus pensamientos secretos, sus personalidades íntimas. Peor aún, si se extiende el uso de la tecnología de la información a los intereses de la política exterior, como los intereses económicos e industriales, sin contar con la vigilancia preventiva de la violencia colectiva, el proyecto de ley ofrece un campo « potencialmente ilimitado » a la curiosidad intrusiva de los servicios de inteligencia.
En lo que respecta a la « Comisión Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia », que la ley tiene intención de establecer, la CNCDH cuestiona de manera radical su independencia, su imparcialidad, su calidad técnica y su competencia, pues ninguno de estos puntos está « garantizado ». Su control, concluye, « corre el riesgo de no ser eficaz ». El último, pero no menos importante, reproche de esta comisión que reúne a todos los jugadores franceses en la promoción y defensa de los derechos humanos, concierne a la policía administrativa y a las medidas represivas. Estas deberían contar siempre con garantías judiciales, sin embargo, este proyecto de ley « atenta contra el principio de separación de poderes ».