En Estados Unidos, las grandes fortunas toman las riendas de la política

En un país normal, esto debería haber sido el golpe de gracia a la aventura política de Donald Trump. El 27 de septiembre, The New York Times publicó una serie de revelaciones sobre la cara oculta de la fortuna del magnate inmobiliario.

Las finanzas personales de Trump han sido durante mucho tiempo objeto de debate. Lejos de la imagen de un empresario decidido, la carrera del multimillonario se parece más bien a una letanía de fracasos. Era un oligarca al borde de la bancarrota cuando en 2004 aceptó ser el presentador de la serie de telerrealidad The Apprentice, una decisión entre otras que salvaría a un imperio del colapso.

Las declaraciones de la renta son racionalmente ese tipo de información que los políticos hacen pública para evitar acusaciones de corrupción. Sin embargo, Trump, preguntado durante varios años sobre sus cuentas con el fisco siempre ha retrasado el momento de darlas a conocer. El presidente estadounidense, escudándose en una investigación abierta por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), ente responsable de la recaudación impositiva y de perseguir el fraude fiscal, ha sostenido sistemáticamente que sería legalmente inapropiado revelar al público sus prácticas financieras.

La investigación del IRS se remonta a 2011. El organismo acusa al multimillonario presidente de fraude por manipular una exención fiscal gracias a la cual consiguió una rebaja de 72,9 millones de dólares. En 11 de los 18 años analizados por los periodistas de The New York Times, Trump no pagó ningún impuesto federal. En 2017, su primer año en la Casa Blanca, abonó al Gobierno federal la irrisoria cantidad de 750 dólares. La auditoría del IRS puede acarrearle una multa de 100 millones de dólares. Sin olvidar que en los próximos años el presidente debe hacer frente a una deuda acumulada que supera los 300 millones de dólares...

El espantajo de noticias falsas enarbolado por Trump, y que han hecho suyo los medios conservadores, no explica por sí solo la relativa calma posterior a conocerse sus declaraciones de impuestos. Como después de cada escándalo que rodea al presidente, la controversia hizo furor durante unos días, antes de trivializarse y caer en el olvido. Tal vez los estadounidenses son víctimas de un adormecimiento colectivo con respecto a la injerencia, los excesos y la agresividad sin límites de su aristocracia económica.

Después de todo, ¿quién se sorprende todavía, en 2020, de que la gestión impositiva se utilice como un medio para que los más ricos conserven, o incluso consoliden, su riqueza? En realidad, las evasiones fiscales de Trump parecen poca cosa en comparación con las colosales sumas de dinero de la alta burguesía de EE.UU. El Tesoro ha devuelto 72,9 millones de dólares a Trump, sí, pero ¿qué hay de los 845.000 millones de dólares que han acaparado las principales fortunas de EE.UU. desde el comienzo de la pandemia de Covid-19?

« El business de Estados Unidos, es el business », dijo Calvin Coolidge. Presidente de 1923 a 1929, es decir, en el cénit del capitalismo americano, Coolidge tenía razón en cierto modo. El laisser faire es uno de los mitos fundacionales de la cultura política estadounidense, que se basa en una estricta distinción entre las esferas económica y política de la sociedad. Mientras que, en la práctica, sin embargo, la filosofía pública dominante hace del Estado el dominio leal y activo de la clase empresarial.

Sin duda, pensamos en la interacción entre los actores políticos y la élite económica, una estrecha relación perpetuada por el aluvión de lobbyistas y dinero que inunda Washington. Pero pensar en una clase empresarial que movería los hilos en la sombra, para dejar la gestión de los asuntos públicos a la clase política, es demasiado simplista para entender realmente la situación a la que hemos llegado.

Estamos siendo testigos de la entrada más o menos directa en política de los primeros espadas de la sociedad de EE.UU. La lucha por la cuota de mercado, la batalla por la consolidación, el crecimiento y la perpetuación de las grandes fortunas, va ahora más allá del mercado para convertirse en el centro del panorama político. Con la oligarquización de la sociedad estadounidense desde la década de los 80, los multimillonarios, los magnates de la industria y los empresarios se han convertido en figuras casi indispensables del panorama político nacional.

En este sentido, Donald Trump es sólo un ejemplo de la intensificación del compromiso político de la alta burguesía de EE.UU. Y es de temer que tampoco será el último. Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook: Estados Unidos se está acostumbrando a estos nuevo multimillonarios-gobernantes. La comparecencia de los directores generales de los Gafa en el Congreso este verano fue una puesta en escena perfecta de la crisis democrática en la era de los nuevos monopolios. Una crisis en la que los golpes bajos se dan entre los miembros de la oligarquía económica, aunque signifique instrumentalizar el poder del Estado.

No es baladí que el 20 de octubre el Departamento de Justicia (DOJ) acusase a Google de prácticas monopolísticas y de violar la Sherman Act de 1890, la ley que debe regula la actividad y la competencia entre las principales empresas de Estados Unidos. Al apuntar a su posición como el motor de búsqueda dominante, una hegemonía que Google logró pagando a Apple por un acceso privilegiado a sus teléfonos inteligentes, el Departamento de Justicia lanzaba la voz de alarma: « El Google de hoy es un monopolio guardián de internet, una de las empresas más ricas del planeta, con una capitalización de mercado de un billón de dólares y unos ingresos anuales que superan los 160.000 millones de dólares. Durante muchos años, Google ha utilizado tácticas contrarias a la competencia para mantener y ampliar su monopolio sobre los servicios de búsqueda y publicidad en línea, que son las piedras angulares de su imperio ».

El alcance de la acusación es mínimo. Estamos lejos del desmantelamiento, o incluso de la expropiación pública de los Gafa y de otros monopolios reclamados por activistas de izquierda como Zephyr Teachout, al estilo de Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Es probable que las investigaciones del DOJ sobre la Gafa queden en papel mojado; se dice que el secretario de Justicia del DOJ, William Barr, dependiente de los ciclos electorales, tratará de crear un espectáculo mediático favorable al presidente.

El episodio pone de manifiesto que no es sólo el ala izquierda del espectro político la que se preocupa por el enorme poder de estas empresas emergentes de Silicon Valley. De hecho, las críticas del nuevo capitalismo digital se han convertido en un artículo de fe esencial del movimiento conservador trumpista. Detrás de la angustia casi universal que la concentración económica está provocando actualmente, también podemos ver los límites de una batalla de facciones en la élite estadounidense.