Justicia preventiva contra el terrorismo : diez años de fracaso

Por Braulio García Jaén, Matías Escudero Arce Et Andrés Aguayo

Más de 500 personas han sido arrestadas en España por terrorismo islámico desde el atentado del 2004 en Madrid pero sólo 50 han sido condenadas. Esta política antiterrorista preventiva enfoca más la presunción de culpabilidad que la presunción de inocencia : no se detiene por cometer un delito sino por la posibilidad de que se cometa uno en el futuro, olvidando los estándares de prueba.

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« El intercambio de información entre Estados Unidos y España ha conseguido frustrar numerosas operaciones terroristas »se congratula la nota informativa de la Embajada estadounidense en Madrid que da cuenta de la visita del director del FBI, James Comey, en diciembre de 2013. « Durante seis meses en 2012, funcionarios españoles y del FBI trabajaron conjuntamente en la investigación y posterior detención de Muhamad Adamov, Eldar Magomedov y Cengiz Yalcin en relación con una trama de Al Qaeda. El flujo de información fundamental entre ambos gobiernos condujo a su detención y frustró el plan de Al Qaeda de utilizar aviones por control remoto para entregar explosivos en España y Europa. » 

La nota omite datos cruciales sobre la llamada Operación Plomo, una acción policial desatada por el testimonio de un preso en una cárcel secreta estadounidense que señaló a Magomedov como terrorista. El juez Ruz pidió hasta tres veces al Departamento de Defensa estadounidense el testimonio : nunca le respondieron. Por ello, el 21 de marzo de 2013, mucho antes de la visita del director del FBI a España y de la celebratoria nota de prensa, el juez ya había sobreseído la causa y retirado los cargos contra los dos chechenos y el turco. Salieron libres tras pasar nueve meses presos en régimen de aislamiento. 

No han sido los únicos

En la década que ha transcurrido desde el atentado terrorista del 11-M en Madrid más de 500 personas han sido arrestadas en España por terrorismo islámico, pero sólo 50 han sido condenadas, según datos recopilados por el Real Instituto Elcano. La mayoría de estos últimos fueron considerados culpables de un delito de « pertenencia a organización terrorista ». Los demás, antes de ser liberados (y normalmente expulsados de España), han pasado meses o años en prisión.

« Es bastante sencillo. Se ha optado por la intervención temprana », describe el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez : « Ante la posibilidad de que se cometa un atentado la policía, creo que acertadamente, decide detener pronto. Entonces el bagaje probatorio, la prueba que obtenemos es muy débil, es escaso. Y eso provoca que judicialmente haya pocas condenas. A cambio no hemos tenido un atentado en diez años. » 

El juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez opina que « se ha llevado a la práctica una intervención preventiva, no por hechos concretos identificables –como pide el derecho penal– sino por el peligro que representaban los sospechosos a juicio de los aparatos de persecución penal del Estado ». Sáez cree que buena parte de los casos construidos por la investigación policial no superen los estándares de prueba y que se absuelvan y archiven causas « parece saludable por el funcionamiento del estado de derecho y de las garantías del proceso penal »

« En los últimos 30 años se ha producido un cambio en el derecho penal moderno », apunta Manuel Cancio, catedrático de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. « Hemos pasado de un sistema penal retrospectivo, orientado a procesar el pasado, a un sistema penal al que no solo se le exige seguir con esta función de castigar a los culpables, sino también el evitar la comisión de un delito. » En este contexto surge el enfoque de justicia preventiva. No se detiene por cometer un delito, sino por la posibilidad de que se cometa uno en un futuro. 

« Es un enfoque que se ha tomado en préstamo de la práctica de la guerra y de los servicios de espionaje », apunta el Juez Sáez quien cree que resulta « una contradicción con los postulados del derecho penal que requiere de un hecho como manifestación externa de voluntad, capaz de lesionar bienes jurídicos protegidos. Ese es el problema que plantean los delitos de pertenencia y colaboración con organización o grupo terrorista ».

« No es malo »

El 18 de enero de 2008 once personas, en su mayoría pakistaníes, fueron detenidas y acusadas de preparare un atentado contra el metro de Barcelona. A pesar de la gravedad de la acusación en el juicio no encontraron evidencia para respaldarla (apenas 18 gramos de pólvora provenientes de una bengala). Aun así los condenaron por pertenecer a una organización terrorista. Pasaron seis años presos (en enero pasado empezaron a ser liberados) porque los señaló un presunto arrepentido de la red. 

El propio fiscal antiterrorismo de aquel caso, Vicente González Mota, reconoció a las pocas semanas de la detención que la evidencia era « débil ». Posteriormente, en una conversación con diplomáticos estadounidenses en diciembre de 2008 y hecha pública por Wikileaks, predijo que el juicio se celebraría en 2009, se resolvería la apelación en 2010 y que alguno sería liberado en 2011. « Lo cual, argumentó, no es malo porque habrá servido para mantener a esos radicales lejos de las calles españolas por tres años o más », dice el cable difundido por la organización que dirige Julian Assange.

« La trascendencia de la política penal y preventiva dirigida a la evitación de actos terroristas queda fuera de toda duda », aseguraba la memoria de la Fiscalía en 2010 que destacaba la importancia de dos tipos penales « que conforman la espina dorsal de la respuesta anticipada contra el terrorismo : el de integración en organización terrorista y el de colaboración con tales grupos »

En privado, la Fiscalía admite que tras el 11-M hubo un tsunami de detenciones, pero que en los últimos tiempos han sido más eficaces, reduciendo los arrestos y aumentando las condenas. En 2004 fueron detenidas 138 personas y en 2005 131; en 2012 solo nueve. Desde 2011, la memoria de la Fiscalía destaca « la elevada cifra de absoluciones, claramente indicativa de las enormes dificultades legales que se plantean en estos procesos, en relación con la probanza de unos delitos singularmente enmarcados en el ámbito de la respuesta penal preventiva frente a las células terroristas. En muchos casos las condenas se imponen no por delitos de terrorismo, sino por delitos comunes ». 

Culpables a priori 

« Nuestro sistema judicial reposa sobre la presunción de culpabilidad y no sobre la presunción de inocencia. » Lo dice la exfiscal antiterrorismo francesa, Irène Stoller, en sus memorias. Una de las primeras piedras para la justicia preventiva se puso en Francia en 1986, con la creación de una ley que tipificaba el delito de « asociación de malhechores con vistas a cometer actos de terrorismo ». « Nos permitía, con la ayuda de los servicios de policía e información, intervenir antes de los atentados, o incluso antes del despliegue de la logística del grupo », recuerda Stoller. « Lo más importante no es sancionar los crímenes del terrorismo, sino evitarlos. »

Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política y ex asesor del ministro del Interior, abogó en una columna publicada por le diario Abc por debatir si la justicia debe invertir la carga de la prueba y considerar a los sospechosos de terrorismo como culpables hasta que demuestren su inocencia. Para el juez Bermúdez esta posibilidad « es un disparate desde el punto de vista del derecho penal. Toda persona es inocente hasta que se demuestre culpable. Si no fuese así yo le acuso a usted de terrorista, le meto en la cárcel, y usted no tiene forma de demostrar que no lo es ». « Los derechos y garantías protegen al hombre honrado, no al delincuente », asegura Bermúdez que enfatiza : « A ver si nos enteramos ya. Al hombre honrado. Y le ponen a cubierto de dos plagas, el error judicial y la arbitrariedad. »

« Antes había un muerto y se buscaba un asesino. Ahora, a través de patrones y perfiles de riesgo se decide quién es el asesino y a partir de ese momento se busca un muerto », explica el abogado Jacobo Teijelo, que lleva una década defendiendo a acusados de terrorismo (defendió a Abu Dahdah y a parte de los once pakistaníes detenidos en Barcelona en 2008, entre otros). « Parece lo mismo pero no es igual. Están en riesgo las libertades individuales. El sistema prospectivo, buscar la posibilidad de que una persona cometa un delito en el futuro, está expresamente prohibido por nuestro derecho. Se tienen que investigar hechos concretos, no personas. » 

Desde los atentados del 11-S en Estados Unidos, las policías de medio mundo utilizan patrones estadísticos para cribar bases de datos que incluyen toda nuestra actividad en Internet (mails enviados, páginas visitadas, compras realizadas). Los números a los que se ha llamado, el haber viajado a Pakistán y tener barba, son elementos que hacen que salten las alarmas y que una persona se convierta, gracias a éstos patrones, en sospechosa de terrorismo. 

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Braulio García Jaén, Matías Escudero Arce y Andrés Aguayo son periodistas independientes. Su proyecto ha sido financiado por el European Journalism Fund. Mediapart publica esta investigación en exclusividad con su socio español infoLibre.