El Gobierno de Turquía intensifica las purgas y los ataques indiscriminados

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Casi dos meses después del sangriento intento de golpe de Estado perpetrado contra el Ejecutivo turco, se confirman los peores temores de aquellos que velan por defender los derechos humanos.

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De nuestro corresponsal en Estambul (Turquía).- En la noche del 1 al 2 de septiembre, el Diario Oficial Turco publicaba una lista de más de 43.000 agentes del Estado expulsados por decreto de la función pública por sus supuestas vinculaciones con la organización del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara considera instigador del fallido golpe de Estado del 15 de julio. Estos sospechosos, contra los que no pesa sentencia judicial alguna, no podrán volver a ocupar un empleo público, se han visto obligados a dejar el alojamiento público que ocupaban (de ser el caso) y se han quedado sin pasaporte. Sin posibilidad de recurrir.

Nada que no se viera venir. Tras siete semanas de caza de brujas en el Ejército y en la Administración, que se ha saldado con 40.000 detenciones (más de 20.000 han terminado en arresto provisional), unos 80.000 funcionarios –profesores, militares, magistrados, médicos...– han sido suspendidos y otros 7.000, destituidos. El golpe asestado a los que trabajan en la defensa de los derechos humanos no ha sido menor.

Erdogan pidió, el 1 de septiembre, "acelerar" el proceso de limpieza de la administración. © Reuters Erdogan pidió, el 1 de septiembre, "acelerar" el proceso de limpieza de la administración. © Reuters

« Se habla de 43.000 personas, pero en realidad hay familias enteras afectadas por cada una de las exclusiones », constata Emma Sinclair-Webb, investigadora de Human Rights Watch en Turquía. « Toda esta gente está condenada al paro, condenada a no poder encontrar un empleo en el ámbito de su especialidad; en resumen, se trata de una especie de muerte civil. Y esto, con frecuencia, sin que existan pruebas decisivas o elementos pertinentes que no sean el de haber sido etiquetado de gülenista ».

La activista denuncia la enorme manga ancha que ha proporcionado a las Administraciones el estado de emergencia, decretado el 21 de julio por un periodo de tres meses y el paréntesis subsiguiente en que han quedado las cláusulas de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

« En todas las Administraciones locales, ahora mismo hay gente sentada en su despacho elaborando listas negras », se indigna. Además, subraya que en los decretos publicados en julio se contempla que el mero hecho de entrar « en contacto » con el movimiento religioso de Fethullah Gülen sea motivo de expulsión. « Es terrorífico. Pueden incluir a cualquiera en esas listas, a cualquiera que no les entre por el buen ojo. ¿Quién se lo impediría? ».

En Turquía, nadie cuestiona que el Gobierno luche contra los autores y cómplices de la tentativa golpista, que ha causado la muerte de, al menos, 240 personas y de un centenar de golpistas. Por lo demás, pocos ciudadanos dudan de la implicación de las redes gülenistas. Fethullah Gülen, residente en Estados Unidos desde 1999, dirige una « comunidad » de varios millones de turcos, que practica desde hace tres décadas una política de infiltración en las instituciones turcas, especialmente en la educación nacional, la Policía, la Justicia y el Ejército. Antaño aliado del presidente islamo-conservador Recep Tayyip Erdogan, el predicador respaldó a aquél en su ascenso al poder en 2002 después de neutralizar al Ejército y a las instituciones hostiles al islam político –sobre todo a través de macro-procesos por supuestos complots–. Mucho cambiarían después las cosas. La apertura, a finales de 2013, de diferentes investigaciones por corrupción, centradas en personas del entorno de Erdogan, marcaron el comienzo de una lucha a muerte entre el líder religioso y el hombre de Estado.

Numerosos turcos se muestran inquietos por los criterios establecidos a la hora de determinar la culpabilidad de los sospechosos. La educación nacional se ha visto muy afectada por las purgas, con casi 43.000 funcionarios suspendidos –28.000 de ellos fueron depuestos de sus funciones la semana pasada– y un millar de escuelas privadas han sido cerradas. El sindicato de enseñantes Egitim-Sen, de izquierdas, sólo se ha visto tangencialmente afectado por la limpieza, con casi 200 suspendidos entre sus militantes. ¿Los motivos? Haber impartido clase en un instituto privado que llevaba el sello Gülen o haber invertido dinero en el banco inadecuado.

« Un miembro de mi sección se ha divorciado y su mujer le pidió que le efectuase el pago de la pensión en una cuenta del banco Bank Asya », cuenta Görkem Dogan, responsable de Egitim-Sen en Estambul. La entidad bancaria Bank Asya, fundada en 1996, estaba en el punto de mira por supuesta financiación de la organización gülenista, y pasó a estar bajo control de una institución pública, los Fondos de Garantía de Depósitos de Ahorro, en la primavera de 2015; el pasado 18 de julio se suspendió su actividad. « Eso ha sido suficiente para justificar la suspensión. Lo mismo le ha sucedido a uno de nuestros profesores, que acababa de casarse y que tuvo la pésima idea de alquilar una caja fuerte en el Bank Asya para guardar las piezas de oro recibidas como regalo de nupcias. Simplemente, se trataba del establecimiento más próximo a su domicilio ».

Por su parte, el diario Hürriyet, de gran tirada, en un artículo publicado el pasado 22 de agosto, alude a la apertura de una investigación a todos los propietarios de coches cuyas matrícula comienzan por las siglas del predicador FG. La prensa también se ha hecho eco de los procesos abiertos contra personalidades, a priori, poco susceptibles de participar activamente en el golpe de Estado, como el futbolista Hakan Şükür y el humorista Atalay Demirci.

Estas actuaciones ponen de manifiesto la dificultad que tienen las autoridades turcas a la hora de diferenciar a los miembros de la organización golpista –según Ankara supuestamente alentada por Fethullah Gülen y que denomina con el acrónimo Fetö– y, por otro lado, a los simples fieles del grupo religioso gülenista, la cemaat (comunidad), las personas que han sido empleadas por una empresa gülenista o las que han promocionado el proyecto político de buena fe. 

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