¿Por qué Internet debe convertirse en un « bien común »?

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El jurista italiano Stefano Rodotà, expresidente de la agencia italiana de protección de datos y exvicepresidente del parlamento de Italia, enfrenta los desafíos políticos que presenta la Red y explica su definición de Internet como « bien común ».

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El referéndum sobre la gestión del agua, celebrado en 2011 en Italia, en el que los ciudadanos votaron masivamente en contra de la privatización y se manifestaron a favor de una redefinición en profundidad, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico, del servicio público del agua, ¿abrió una nueva etapa a favor de la politización del concepto de « bien común » en Europa?

Stefano Rodotà. Stefano Rodotà.
Al menos así lo quiere creer Stefano Rodotà, jurista y político italiano, que ha presidido una ambiciosa comisión cuyo objetivo es reinventar el concepto de servicio público, hasta llegar incluso a invertir la lógica del beneficio y de la propiedad.

El que fuera presidente de la agencia italiana de protección de datos se dedica en estos momentos en cuerpo y alma a los desafíos políticos de internet y a su definición como « bien común », pero alerta de que el « uso excesivo de la expresión bien común » corre el riesgo de quedar « vacía de contenido » e insta a vincularla con los derechos fundamentales de las personas.

La entrevista se llevó a cabo en París, donde Stefano Rodotà ha participado en el Festival francófono de los comunes, que se celebra del 5 al 18 de octubre.  

¿Cómo se ha instaurado en el panorama político italiano el concepto de « bien común »?

Stefano Rodotà: El desarrollo del concepto bien común no es exclusivo de Italia, pero sí que es el país donde el debate se ha planteado de un modo más preciso. Esta expresión ha estado ausente en el debate público y apenas ha merecido el interés de los políticos, a pesar de que se otorgó el premio Nobel a Elinor Ostrom por sus estudios sobre la gobernanza de los bienes comunes. Pero la agenda política se vio alterada en 2011 tras la celebración del referéndum del agua como « bien común », en el que 26 millones de italianos votaron en contra de la privatización de la gestión del agua, para evitar que se sometiese a la lógica de la búsqueda de beneficios. Pero es verdad que, en la práctica, los bienes comunes son limitados, aunque Italia se sitúe a la vanguardia de Europa. Por ejemplo, en Bolonia, los ciudadanos negociaron con el ayuntamiento la gestión de espacios públicos abandonados. En Roma, estudiantes y residentes se movilizaron en contra del proyecto de los propietarios de un teatro-cine, que querían convertirlo en apartamentos, para mantener la finalidad cultural y social del local, gestionándolo ellos mismos.

La comisión que presidí, creada en 2007 por el ministro de Justicia durante el Gobierno de Prodi, propuso la reforma general del concepto de « bien público » para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos. Aunque si bien las conclusiones de esta comisión (todavía) no se han materializado en una ley, el Tribunal Constitucional italiano ha reconocido algunos bienes como « bienes comunes », por ejemplo determinadas zonas de pesca. Por tanto, ya existe una forma de legitimación jurídica de la noción de « bien común » y de lo que se trata es de ampliarla.

Sin embargo, las propuestas de esta comisión han suscitado muchas reticencias, tanto procedentes del ámbito privado como del ámbito público. El proyecto de ley que emanó de la comisión que yo mismo presidí todavía tiene que recibir el visto bueno del Senado, lo que debería derivar o bien en una iniciativa política o bien en una verdadera movilización social. No obstante, esta ley es esencial para obligar a crear las condiciones necesarias que permitan a los ciudadanos encargarse de la gestión directa de los bienes comunes.

¿Qué diferencia establece entre bien común y servicio (o bien) público?

Un servicio público no implica la intervención directa de los ciudadanos. Un bien común comporta que los ciudadanos son los protagonistas de la gestión de éste. Es imprescindibles, entonces, saber y poder identificar a la comunidad que debería gestionar los bienes comunes. Esto resulta más fácil en el caso del agua que en el caso de internet, por ejemplo. La configuración de una gestión de proximidad de un espacio físico no es la misma que la gestión que hacen los usuarios de un espacio de conocimientos, en el que hay importantísimos intereses privados, como sucede con internet.

El aspecto central no es la « pertenencia » de los bienes, sino su gestión, que debe garantizar el acceso a los bienes y la participación de los sujetos interesados. Pero no existe una única modalidad de gestión de los bienes comunes, dado que el nivel de complejidad para gestionar el agua de una región o el acceso al saber difundido en internet, implica inventar reglas diferentes para permitir a una pequeña comunidad identificada la gestión de un teatro, un museo o un espacio público. 

En Nápoles, conseguimos crear una nueva sociedad de gestión del agua que implicaba a los ciudadanos en una suerte de modelo de co-gestión, aunque la definición de « bien común » no excluye una intermediación de las instituciones públicas. En Nápoles, en lo que concierne a la gestión del agua, la iniciativa nació en el seno del ayuntamiento, pero hay ciudadanos que se implicaron directamente, permitiendo ir más lejos de lo que se llama democracia participativa que, a menudo, se limita a consultas regulares y no a acciones perennes.

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