El ciudadano que protesta, nuevo enemigo público número uno del Gobierno español

Por y Ibon Uría

Se sancionarán con hasta 600 000 euros los escraches y las protestas no autorizadas en instituciones e infraestructuras clave. Asociaciones judiciales acusan al Ejecutivo de legislar « en caliente » y de establecer sanciones desproporcionadas.

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El Gobierno español prepara una Ley de Seguridad Ciudadana. La norma regulará todas las conductas que no constituyen delito y que quedarán fuera del nuevo Código Penal, de donde desaparecerán las faltas. En la práctica, se amplía el catálogo de conductas que se persiguen por la vía administrativa. Las multas oscilarán entre los 100 y los 600 000 euros.

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