Los escuadrones de la muerte del presidente de Perú

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Mediapart ha tenido acceso a la investigación abierta sobre las acciones militares llevadas a cabo a las órdenes de Ollanta Humala en la base antisubversiva que dirigía en 1992. La causa investiga una decena de secuestros y de homicidios. Otra investigación demuestra que el entorno de Humala ofreció dinero a varios denunciantes para hacer que estos se retractasen.

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Lima, de nuestro enviado especial.   La espada de Damocles pende sobre el presidente Ollanta Humala. Más de una decena de personas han denunciado el secuestro de un hijo, de un hermano o de una hermana o las torturas infringidas por militares que se encontraban a sus órdenes, en 1992, en la base antisubversiva de Madre Mía. El entonces capitán, Ollanta Humala, conocido como Carlos era el militar de mayor rango de la base. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en junio de 2010 la denuncia de Teresa Ávila, hermana de Natividad – secuestrada junto con su marido, Benigno, el 17 de junio de 1992 – y presumiblemente ejecutada seis días después en las inmediaciones de la base militar.

La Corte – destinataria de la causa, tras ser examinada por la Comisión – tendrá que resolver, en un plazo relativamente breve, si el Estado peruano violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al privar a las víctimas del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, así como de garantías y de protecciones judiciales. Tendrá que pronunciarse también sobre el hecho de que las familias se vieran privadas del proceso de los sospechosos y de un examen contradictorio sobre las pruebas y las responsabilidades.

La causa que apunta al excapitán fue archivada antes de iniciarse el proceso, en diciembre de 2009, so pretexto de la retractación de un importante testigo, pero se ocultaron las razones que habían ocasionado este giro. Un compañero y colaborador de Ollanta Humala, el sargento Amílcar Gómez Amasifuén, pagó 4.000 dólares al testigo y le ofreció más de 20.000 dólares a las familias de las víctimas para que cambiasen su denuncia. Este sargento, que llegó al Palacio Presidencial en 2013, fue denunciado por « sobornar a un testigo » sin que estos hechos quedaran incorporados a la causa principal.

Ollanta Humala (assis), entouré quelques-unes de ses recrues, sur la base de Madre Mía. © DR Ollanta Humala (assis), entouré quelques-unes de ses recrues, sur la base de Madre Mía. © DR

Tal y como recoge la investigación presentada a la CIDH (disponible aquí en su integridad), además de Ollanta Humala, jefe de la base y supuesto responsable, durante la investigación abierta en 2006, se identificó a seis militares por haber participado supuestamente en el secuestro. Se trata del sargento Huaringa, los soldados Nicanor Guerra Gonzales, conocido como Rambo, Gaspar Santillán, conocido como Baquetón, y Pedro Olimar Java, conocido como Sapo, así como Paucar y Comando. Dos de ellos reconocieron su participación en los hechos para después retractarse. Ninguno de los militares fue investigado.

Su jefe, Ollanta Humala, omnipresente en las declaraciones de los soldados y de las familias de las víctimas, también participó en la operación antisubversiva Cuchara, que movilizó a varios cientos de hombres en la región de Alto Huallaga y que causó, en marzo de 1992, varias masacres en las localidades de Pozo Rico y Bambú, sospechosas de ser afines a la guerrilla maoísta del Partido Comunista Sendero Luminoso.

Veinte años después, Ollanta Humala, que sigue siendo objeto de investigaciones, ha cambiado poco. Tal y como publicamos en un artículo sobre las violaciones de derechos humanos en el país), el presidente peruano ha situado a algunos de sus antiguos compañeros de lucha en puestos clave del Gobierno. En julio, reabrió la caja de Pandora al situar en el Ministerio del Interior a un general encausado por participar en el asesinato de un periodista en 1988. Desde entonces, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú ha pedido en vano la dimisión del ministro. Está por ver si la democracia francesa se muestra sensible a los asuntos judiciales a los que debe hacer frente el Ejecutivo peruano. De hecho, François Hollande confirmó a principios de julio su intención de visitar Perú a principios de 2015.

Le président Ollanta Humala reçu par François Hollande à l'Elysée, le 1er juillet dernier. © Présidence de la République Le président Ollanta Humala reçu par François Hollande à l'Elysée, le 1er juillet dernier. © Présidence de la République

Mediapart ha tenido acceso a la investigación abierta sobre la acción de los militares a órdenes de Ollanta Humala, en la base antisubversiva de Madre Mía en 1992. En opinión de los numerosos juristas consultados, la Fiscalía nunca debió archivar el caso.

El secuestro de Natividad Ávila y de Benigno Sullca ocurrió en la localidad de Pucayacu, próximo a la base militar, en presencia de sus cuatro hijos, en la noche del 17 de junio de 1992. « Estaba en mi cuarto cuando escuché detenerse una camioneta », explicó Richard, que entonces tenía 19 años ; Yerson, Edinson y Luz Marina tenían 17, 11 y 8 años, respectivamente. « Observé que bajaban varios hombres. Recuerdo que uno se acercó a la puerta de mi casa y que gritó para que abriésemos la puerta. A los dos minutos, estaban en el interior de la casa. Uno de ellos entró a mi cuarto. Me golpeó en la nuca con el fusil, me empujó al suelo, luego vi a mi hermano Yerson boca abajo, a mi lado. Escuché que mi mamá preguntó si nos iban a llevar. Uno de los militares contestó : “Podemos quemar a todos sus hijos sin que pase nada”. Después, los hombres salieron y se llevaron a mis padres. »

Horas más tarde, los hijos de Natividad y Benigno supieron que su tío, Jorge Ávila, también había sido secuestrado. Teresa, la tía, que trabajaba cerca de la base, recibió la confirmación de que sus familiares estaban detenidos en Madre Mía. « Al día siguiente, me dirigí a la base, donde encontré al capitán Carlos en la garita, en el punto de control de los pasajeros, al pie del cerro », explicó Teresa. « Le saludé y le dije : “Capitán usted se ha traído a gente de Pucayacu, entre ellos tres personas de mi familia”. Pregunté por los motivos y lo negó rotundamente, dijo que no había traído a nadie y que no había salido a patrullar. Le contesté : “Capitán cómo no, si mi cuñada Irma ha visto que habían traído a mis familiares en dirección a la base de Madre Mía”. Me respondió que no y me aconsejó que fuese a buscar a mi familia a otras bases, pero yo sabía que estaban allí. Les pregunté a los soldados, que me confirmaron que tres personas de Pucayacu habían llegado a la base ; entre ellas había una mujer gorda de pelo corto. »

La base militaire de Madre Mía vue de la route. © Caretas La base militaire de Madre Mía vue de la route. © Caretas

« Siguiendo con la conversación, el capitán Carlos me dijo que mi familia era una lacra y que si él la tuviera en sus manos, la mataba. Le hablé de la Biblia y le dije que estaba violando una de las leyes de Dios de no matar y él me contestó que en la Biblia también se dice que a toda manzana podrida se la tumba. Le dije de no matar por matar. Le supliqué que los soltase, que soltase a mi hermana. Y me dio medio paquete de galletas que estaba comiendo, me dijo : “Vete a la casa y cría a tus hijos, no te metas en tonterías como tu hermana”. El 23 de junio, mi hijo menor Jorge llegó llorando a mi trabajo, diciéndome : “A mi tía ya la han matado”. Había visto ese día cantidad de sangre en el canto de la carretera. Y me fui con mi hijo desesperada a dicho lugar, había una cantidad de sangre como si hubieran degollado una res. Había huellas de sangre hacia el río y comencé a recoger su sangre en un papel, llorando desesperadamente. »

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Mediapart ha tenido acceso a las investigaciones en curso con relación al exjefe de la base antisubversiva de Madre Mía, Ollanta Humala, conocido en la época como capitán Carlos y actualmente presidente de la República. Los interrogatorios mencionadas en este artículo se realizaron en los juzgados entre 2006 y 2009.

En la versión en español, salvo error ortográfico en el original, se ha mantenido la literalidad de las declaraciones de las partes.