'Caso Sarkozy' o crónica de una cobardía política

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Durante más de seis años, el poder político francés ha dado la espalda constantemente al caso Sarkozy-Gadafi, descartando incluso la hipótesis de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la evolución de las relaciones entre París y Trípoli. Sin embargo, el inmovilismo político no ha impedido que Nicolas Sarkozy sea imputado. El miércoles 21 de marzo, tras 25 horas de interrogatorio, el expresidente francés quedó en libertad, pero bajo control judicial, siendo acusado de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y desvío de fondos públicos libios.

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La política del avestruz. Desde 2012, pese al caos en Libia, pese a las sospechas de financiación ocultas y los acuerdos de Francia con una dictadura, el poder político ha cerrado continuamente los ojos ante el caso Sarkozy-Gadafi, que presenta los síntomas más graves de un escándalo de Estado.

Sin embargo, en el extranjero, el resto de potencias occidentales embarcadas en la guerra de Libia han hecho frente a su pasado. La constatación es sobrecogedora. En Gran Bretaña, una comisión parlamentaria de Asuntos Extranjeros, integrada en su mayoría por diputados conservadores, investigó sin descanso negando la versión oficial ofrecida por el ex primer ministro David Cameron. En septiembre de 2016, cinco años después de la intervención militar en Libia, la comisión presentaba conclusiones demoledoras, llegando incluso a denunciar el hecho de que la operación, destinada a proteger a los civiles, se había transformado en una « política oportunista de cambio de régimen ».

Nicolas Sarkozy y David Cameron, en Benghazi, en septiembre de 2011, con el jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT) Moustapha Abdeljalil. © Reuters Nicolas Sarkozy y David Cameron, en Benghazi, en septiembre de 2011, con el jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT) Moustapha Abdeljalil. © Reuters

En Estados Unidos, Barack Obama también admitió, en marzo de 2016, en las columnas de la revista The Atlantic, que Libia estaba « sumida en el caos » desde la operación militar. Antes de asumir, un mes después, su parte de responsabilidad: « Mi peor error probablemente fue no haber puesto en marcha un plan para el día después de lo que fue, considero, una intervención justificada en Libia », reconoció en una entrevista concedida a Fox News antes de dejar la Casa Blanca.

Y en Francia… nada. Ni investigación parlamentaria, ni iniciativa política dirigida a interrogar –más allá de los elementos que abarcaba la investigación judicial sobre la financiación de la campaña de Nicolas Sarkozy en 2007– los posibles compromisos políticos, diplomáticos, comerciales o militares al más alto nivel del Estado.

Transcurridos cinco años de presidencia, el propio François Hollande sin embargo no parecía dudar del valor de las informaciones reveladas por Mediapart, y en manos de la Justicia desde abril de 2013. En un párrafo que pasó relativamente desapercibido del libro-entrevista Un presidente no debería decir eso…, publicado por dos periodistas de Le Monde Gérard Davet y Fabrice Lhomme en octubre de 2016, el inquilino del Elíseo hacía esta sorprendente declaración, sin rodeos: « Yo, presidente de la República, nunca he sido imputado… Nunca he espiado a un juez, nunca le he pedido nada a un juez, nunca he recibido financiación de Libia… »

Prueba de que ya era consciente de la gravedad del asunto en julio de 2012, el presidente, tras la extradición de Túnez a Libia, el 24 de junio de 2012, del ex primer ministro de Gadafi, Baghdadi al-Mahmoudi, decía: « Hablamos de este caso [con Moncef Marzouki, presidente tunecino en visita en París]. Deseamos que los dictadores y los que han participado en regímenes corruptos y sanguinarios puedan ser conducidos ante el Tribunal Penal Internacional. Eso vale en todas partes y para todos. Más aún porque la persona concernida, seguramente tenía informaciones que conseguir que serían útiles para conocer determinados flujos.»

Por tanto, ¿por qué se dio continuamente la espalda a las propuestas sobre la apertura de una comisión de investigación parlamentaria?

Nicolas Sarkozy y Muamar Gadafi, en 2007, en París. © Reuters Nicolas Sarkozy y Muamar Gadafi, en 2007, en París. © Reuters

Los socialistas no siempre han sido tan timoratos: cuando la izquierda estaba en la oposición instó en numerosas ocasiones a investigar las relaciones franco-libias de la era Sarkozy.

En marzo de 2012, en plenas elecciones presidenciales, Mediapart publicó el contenido del documento en el que el vendedor de armas Ziad Takieddine describía las « modalidades de financiación » que pudieron ir a parar a la campaña de las presidenciales de 2007. La diputada Delphine Batho, entonces portavoz de François Hollande, pedía de inmediato a Nicolas Sarkozy que « se explicase sobre la naturaleza de sus relaciones con el coronel Gadafi ». « Pienso que debería explicarse, sobre todo en lo que respecta a su visita oficial a Libia en octubre de 2005 y a las entrevistas que habrían podido tener otra naturaleza. Por supuesto, hablo en condicional. No quiero prejuzgar nada, pero pienso que debería explicarse cuando hay informaciones tan preocupantes », justificaba entonces la parlamentaria.

Entonces, el portavoz del PS, Benoît Hamon, también insistía en la necesidad de esclarecer los hechos: « Si estas revelaciones son verdad, son muy graves -decía en la misma época-. Cuestionan la probidad de la campaña de Nicolas Sarkozy en 2007 y demuestran que existió financiación oculta, que los amigos de la UMP han tenido un papel nefasto para la democracia francesa. Que el presidente deje de presentarnos la teoría del complot y que deje de entorpecer la manifestación de la verdad.»

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