En un contundente informe, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, denuncia la adjudicación de un contrato de consultoría al primer gestor de activos por parte de la Comisión Europea.
Sin lugar a dudas, las instituciones europeas tienen un problema con el concepto de conflicto de intereses. Este miércoles 25 de noviembre, la Defensora del Pueblo Europeo Emily O’Reilly volvía a llamar al orden a la Comisión Europea (hallada en flagrante delito en varias ocasiones) por haber confiado en marzo a BlackRock una misión de auditoría y de consultoría para « integrar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza » en las normas bancarias.
