Sin lugar a dudas, las instituciones europeas tienen un problema con el concepto de conflicto de intereses. Este miércoles 25 de noviembre, la Defensora del Pueblo Europeo Emily O’Reilly volvía a llamar al orden a la Comisión Europea (hallada en flagrante delito en varias ocasiones) por haber confiado en marzo a BlackRock una misión de auditoría y de consultoría para « integrar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza » en las normas bancarias.
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